Siete meses han transcurrido del 2011 y los fondos que el Organismo Judicial (OJ) y otras instituciones del sector justicia solicitaron desde febrero último para poder funcionar todo el año aún no han sido asignados. Ante el déficit presupuestario que supera los Q275 millones, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió que el poder judicial podrí­a dejar de funcionar en septiembre próximo. Apenas faltan dos meses para que esa advertencia se cumpla ¿Qué se ha hecho?

El 3 de febrero pasado  los directivos del OJ, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y del Ministerio Público dieron a conocer que no cuentan con recursos financieros suficientes para funcionar hasta concluir el 2011. Las tres instituciones coincidieron en que enfrentaban serias complicaciones, que se agravarí­an aún más con el pasar del tiempo, debido a la falta de presupuesto para funcionamiento.

Los representantes de las tres instancias informaron que acudirí­an al Congreso para cabildear por la aprobación de los fondos, pero éstos nunca llegaron a sus arcas. Las reuniones con el presidente ílvaro Colom y el Ministro de Finanzas tampoco rindieron frutos.

La insistencia de los funcionarios era para conseguir la aprobación, urgente, de un préstamo otorgado por la Unión Europea por 20 millones de euros y otro, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US$30 millones. Sin embargo los dos siguen pendientes de aprobación, desde hace más de cuatro años.

Las tres instituciones requirieron ampliaciones presupuestarias. El IDPP pidió Q25 millones; la Corte Suprema de Justicia, Q250 millones y el MP, Q200 millones. Hasta ahora, ninguno obtuvo respuesta.

Según el IDPP, tuvo que darse una reducción en el número de abogados defensores públicos de oficio, lo que significó que las audiencias debí­an espaciarse más de lo que ya se hací­a, generando que los procesos se acumularan.

Por su parte el MP señalaba entonces que el problema era del Estado, pero que era una prioridad de toda la población tener acceso a la justicia y que se reduzca la violencia, lo que sin presupuesto era imposible.

LO QUE FALTA

Manfredo Maldonado, integrante de la Cámara Penal de la CSJ, explicó que entre los proyectos que se han retrasado en esa instancia debido a la falta de fondos, se encuentra la aprobación de nuevas judicaturas de instancia y de sentencia, y la implementación de juzgados de paz en la Ciudad y el interior del paí­s.

“Lo ideal serí­a que un nuevo juzgado de Paz pudiera implementarse con las reformas del Decreto 7-2011. Además un nuevo juzgado de primera instancia penal y un nuevo tribunal de sentencia; además poder tener un edificio propio de los tribunales para Mazatenango, porque en la actualidad estamos alquilando”, refirió el magistrado.

Maldonado añadió que también está pendiente la construcción del edificio del OJ en San Marcos, así­ como una serie de proyectos que no se van a implementar debido a la falta de presupuesto en ese poder. Además expuso que no sólo se requieren fondos para proyectos sino para mantenimiento de los juzgados pluripersonales, el suministro de materiales, contratación de más personal, para el Tribunal de Casación, seguridad para jueces y magistrados, entre otros.

“La verdad son varios proyectos, tome en cuenta que son urgentes más juzgados porque la criminalidad ha aumentado: se ha triplicado y las judicaturas siguen siendo las mismas de hace muchos años”, citó el entrevistado.

José Arturo Sierra, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, expuso que todos los proyectos que todaví­a sobreviven se deben al apoyo de la comunidad internacional, ya que de lo contrario estos se habrí­an perdido. Además urgió la ampliación presupuestaria para ese organismo.

“Para este año la mayorí­a de asuntos previstos como la nueva gestión del proceso oral en lo laboral ya están implementándose. Los nuevos locales para juzgados laborales solo están pendientes de finalizar, pero esto es porque se hace con ayuda extranjera que es la que brinda USAID”, citó.

Según Sierra, con ese apoyo se va a lograr terminar los proyectos: “fundamentalmente porque estamos con ayuda económica de otros paí­ses no se van a ver afectados, de lo contrario no sé cómo estarí­amos”.

Sierra dijo que espera que se solucione el problema presupuestario que actualmente enfrenta el OJ y confí­a en que el próximo año se consolide una mejor asignación de fondos, para lo cual ya ha habido varias reuniones de Pleno en las que se ha discutido el proyecto de presupuesto para 2012. “Estamos con optimismo que el otro año no va estar el problema de las carencias que actualmente estamos teniendo”, dijo.

Gabriel Medrano, presidente de la Cámara Civil, fue enfático al indicar que en la instancia que dirige, la falta de presupuesto generó una serie de retrasos, entre los que menciona la necesidad de crear otra sala de apelaciones del ramo de familia, más juzgados de la niñez y la adolescencia, entre otras.

“Es necesario a nivel república seguir trabajando en la especialidad de los juzgados y tenemos muchos que son mixtos y que atienden temas laborales civiles y de familia y eso va en contra del principio de especialización en materia judicial”, señala Medrano, como parte de los problemas generados ante la carencia presupuestaria.

Medrano refiere que en materia civil se logró la implementación de nueve juzgados nuevos, cinco de instancia y cuatro de paz, no obstante consideró que desde entonces se planteaba la necesidad de crear más órganos de justicia para esa materia.

“Nos afecta el no poder contar con nuevos espacios fí­sicos ya que en la Torre de Tribunales tenemos hacinamiento, basta con ir a ver el estado de los juzgados para ver la necesidad pronta de nuevos espacios fí­sicos, además en materia de lo contencioso administrativo también necesitamos salas de apelaciones”, indicó Medrano.

OTRAS CARENCIAS

No sólo la CSJ se ha visto afectada por la falta de fondos, el IDPP también enfrenta carencias y según su directora, enfrentan una “crisis económica terrible” que de no solventarse los obligará a cerrar algunos proyectos en septiembre próximo y a colapsar el próximo año.

Blanca Stalling, directora de esa institución, explicó que las solicitudes de ampliación presupuestaria no fueron atendidas por parte de las instancias competentes. Además expuso que por lo pronto, se vieron obligados a hacer reducciones en algunos renglones presupuestarios, pero que si se presentara una emergencia no habrí­a recursos para enfrentarla.

“Si no sale la ampliación vamos a tener que dejar de prestar servicios como en los juzgados de 24 horas; los servicios jurí­dicos donde ya hemos tenido dificultades para dar cobertura a las audiencias en la Torre de Tribunales porque la situación financiera actual nos lo impide”, citó Stalling.

Según la directora del IDPP, las reformas al Código Procesal Penal que detalla el decreto 18-2010 generaron que haya un mayor número de audiencias que supera la cantidad de abogados con los que cuenta la institución.

Stalling indicó que actualmente ya se hizo la solicitud de un anteproyecto de presupuesto, en vista de que Ministerio de Finanzas fijó el mismo techo presupuestario que el del año anterior. “Con ese presupuesto es materialmente imposible seguir trabajando”, denuncia.

El IDPP dice necesitar Q470 millones para el próximo año ya que las reformas aprobadas en el decreto 7-2011 incluyen la creación de juzgados unipersonales y la ampliación de competencia de juzgados de paz, por lo que dice Stalling que si no se toma en cuenta esa solicitud, “es imposible echar a andar las reformas”.

El MP por su parte sostiene que necesita de Q200 millones para funcionamiento y advirtió que sólo tendrí­a fondos para funcionar hasta septiembre próximo, lo que afectarí­a en gran medida a las investigaciones de los casos.

Claudia Paz y Paz, titular del ente encargado de la persecución penal, ha afirmado que están haciendo todos los esfuerzos para seguir prestando el servicio y no detener las investigaciones que ya están en proceso. No obstante ha insistido en que la ampliación presupuestaria es necesaria también para esa instancia.

PERSPECTIVA
Oswaldo Samayoa, director de Incidencia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, consideró que es “preocupante” que el sistema de justicia no esté siendo dotado de los recursos necesarios. Además, comentó que en cualquier paí­s del mundo, para que ese sistema funcione se requiere de mucho dinero.

“Somos uno de los pocos paí­ses que no le apuesta a ese tema, pero históricamente nunca se le ha dado el presupuesto suficiente al sistema de justicia porque siempre se ha creí­do que los sistemas primordiales son el Ejecutivo y el Legislativo; ya es tiempo que se priorice el OJ en cuestión de recursos”, dice Samayoa.

Pero el analista criticó el hecho que el Ejecutivo transfiriera fondos al Ejército en vista de la gran necesidad que tienen las instancias que conforman el sector justicia del paí­s. “Transferir el 33 por ciento del Producto Interno Bruto al Ejército es incoherente con la construcción de la democracia y el cumplimiento de los acuerdos de paz”, señala.

Para Samayoa es “inconcebible” que un sistema de justicia fracase por falta de fondos, “serí­a como destruir la República”, considera. Además, el analista considera que ese sistema es el que le da equilibrio al Estado.

Samayoa hizo un llamado al Congreso para que “no ocupe su tiempo en otras cosas” ya si considera latente el riesgo que algunas judicaturas dejen de funcionar por falta de financiamiento. Considera que los recortes al OJ y otras instancias son una “burla”, ya que sí­ se han transferido fondos a instituciones “que no tienen éxito en su vida”, refiere.

“Hay instituciones que pueden reducir su presupuesto a través de recortes para transferirlos al sistema de justicia: no puede ser que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala tenga más presupuesto que el OJ u otras instituciones, creo que es necesario hacer una revisión del presupuesto nacional”, recomendó el entrevistado.