El Europarlamento debatirá mañana en sesión plenaria el drama de los asesinatos de mujeres en México y América Central, marco en el cual tiene previsto aprobar un proyecto de resolución que invita a la Unión Europea a coordinar políticas para luchar contra ese fenómeno.
El informe sobre «los asesinatos de mujeres (feminicidios) en América Central y en México y el papel de la Unión Europea en la lucha contra este fenómeno», redactado por el eurodiputado español de los Verdes Raúl Romeva, ya fue aprobado en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo en setiembre pasado.
La propuesta de resolución vinculada con el informe no sólo pide un involucramiento de la UE en la lucha contra este fenómeno, sino que también insta a los países latinoamericanos afectados a poner freno a «la impunidad, la corrupción y la ineficiencia del aparato judicial», así como a eliminar «toda discriminación hacia las mujeres de las leyes nacionales».
Según cifras oficiales de México, entre 1999 y 2006 fueron asesinadas 6.000 niñas y mujeres en el país. En América Central, las estadísticias las encabeza Guatemala, donde fueron asesinadas 1.188 mujeres entre 2001 y agosto de 2004.
En su texto, el eurodiputado Romeva subraya la «brutalidad excepcional» de esos homicidios y el hecho de que «un alto porcentaje» tuvo lugar en zonas donde operan las denominadas «maquiladoras» (empresas que importan materiales sin pagar aranceles a condición de que sus productos se comercialicen fuera del país).
El proyecto también recuerda que dos casos tuvieron como protagonistas a ciudadanas europeas: las holandesas Hester Van Nierop, asesinada en 1998 en Ciudad Juárez, y Brenda Susana Margaret Searle, muerta en 2001 en Chichen Itzá, ambas en territorio mexicano.
Ante esta situación, se propone a las instituciones europeas y los Estados miembros de la UE que «apoyen con programas de cooperación y recursos financieros y técnicos las políticas de prevención y protección en materia de violencia contra las mujeres», por ejemplo para incrementar el presupuesto de los organismos encargados de las investigaciones sobre los asesinatos.
En ese marco, se insta a la UE a velar que «el diálogo con el gobierno Federal de México y los gobiernos de los Estados de América Central, así como el diálogo con la sociedad civil incluyan el tema de la violencia contra las mujeres, en particular, los feminicidios y el acceso a la justicia de las familias de las víctimas y de las organizaciones de apoyo».
Por otra parte, el texto pide a México y los países de América Central «eliminar todo concepto discriminatorio hacia las mujeres de las leyes nacionales» y a que «respeten y faciliten la acción de las ONGs y de las organizaciones de la sociedad civil encargadas del apoyo a las víctimas de feminicidios».
También se les pide garantizar «los derechos laborales de las mujeres en las legislaciones nacionales y en todos los niveles de gobierno, así como a que supervisen a las empresas para que respeten la integridad, la seguridad, el bienestar físico y mental y los derechos laborales de sus trabajadoras».
La problemática de los feminicidios no es nueva para el Parlamento Europeo, que en abril de 2006 había celebrado una audiencia sobre el tema con la presencia de eurodiputados, representantes del gobierno de México y Guatemala y la relatora especial de Naciones Unidas, Yakin Ertí¼k, entre otros.