Es indudable que la independencia judicial es un tema fundamental en la administración de justicia y que la misma tendrí­a que ser preservada a como dé lugar y en cualquier circunstancia. Sin embargo, cuando hablamos de independencia judicial hay que tomar en cuenta que la historia de nuestro paí­s permite ver que esa figura ha sido utilizada cabalmente para ponerse al servicio de oscuros intereses, como se evidencia con muchos de los fallos que se producen en el paí­s y donde es obvio que los juzgadores son dependientes de quienes tienen recursos para asegurarse la impunidad.

No creo que se pueda generalizar sobre todos los jueces y magistrados y afirmar que ellos, sin excepción alguna, son venales y que se venden al mejor postor, pero si analizamos el comportamiento histórico de nuestro sistema judicial, tenemos que admitir que serí­a un absurdo decir lo contrario, es decir, que ninguno de los jueces o magistrados se vende al mejor postor y que todos los fallos están realmente apegados al derecho.
 
  Basta citar el caso del saqueo que se hizo de los fondos públicos por el poder paralelo conocido como La Cofradí­a y que desde el Ministerio de la Defensa pasó dinero por el Crédito Hipotecario Nacional sin que exista nadie responsable de ese crimen, o la forma en que se ha tratado a constructores denunciados por trinquetes, beneficiándolos con fianzas que son benévolas en comparación con lo que se robaron; por ello no podemos decir que la justicia en Guatemala está siendo bien servida y que las resoluciones son producto de una sana interpretación de la ley y justa valoración de las pruebas. Aquí­ se mueven fuertes intereses y eso todos lo sabemos, por lo que el esfuerzo por la depuración y el control del sistema de justicia tiene que ser permanente.
 
  Entiendo la actitud del presidente de la Corte Suprema de Justicia y de sus colegas magistrados que tienen la obligación de defender la institución y a sus funcionarios, pero es obligado que se haga un proceso de autocrí­tica para determinar dónde están realmente las fallas más importantes del sistema.
 
  La independencia judicial no puede ser un parapeto para impedir que se detecten formas de dependencia como las que generan esos poderes ocultos que manipulan desde la misma integración del Organismo Judicial el control sobre los operadores de justicia. No se está inventando absolutamente nada, sino es un hecho público y probado que siempre hay mano de mono de grupos de presión o, peor aún, de poderes paralelos, cuando se conforman las comisiones de postulación y por lo tanto no se puede suponer una elección sin contaminaciones.
  Alguien dice que las resoluciones judiciales firmes no deben ser discutidas sino simplemente acatadas. Yo creo que los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de cuestionar aquellas decisiones que son contrarias a derecho y que responden, evidentemente, a intereses ajenos a la justicia. Nadie, absolutamente nadie por muchos que sean sus compromisos, puede negar la existencia de esas componendas. Es más, se sabe que hay como “caminitos” para lograr resoluciones favorables y para ello hay que “caer” en el juzgado adecuado, “pasar” a la Sala indicada, y “confiar” en que el magistrado ad hoc sea el ponente de la resolución que ponga fin al caso. Todo eso pasa “como por casualidad” en nuestro sistema, pero hay toda una estructura que se encarga de que el dichoso caminito se mantenga en ciertos procesos cuyos actores han sabido “aceitar la maquinaria”.
 
  Señalar esa realidad no es despotricar ni atacar al sistema de justicia, sino advertir de realidades que tenemos que cambiar si algún dí­a pretendemos que la impunidad termine efectivamente en Guatemala.