En el caso de Sandra Torres, el expediente de inscripción como candidata a la Presidencia ha sido conocido por tres instancias, con el voto negativo de 16 de 19 funcionarios y Magistrados. Con menos tiempo en el trámite, pero con similares complicaciones, Harold Caballeros ha sido rechazado por cuatro de los seis integrantes de las dos instancias en las que ha sido conocida su solicitud.

Todaví­a no se conoce cuál será el desenlace de sendos casos, pero hasta ahora el panorama se pinta negativo para la exesposa del presidente ílvaro Colom y el hombre que una vez estuvo al frente de la iglesia cristiana El Shaddai, pues su solicitud para ser inscritos como candidatos a la Presidencia en las Elecciones Generales del 11 de septiembre ha sido negada.
 
TORRES
 
Torres recibió la negativa de Miguel Solí­s, director del Registro de Ciudadanos, y luego, con los recursos de revisión y nulidad, el rechazo de las magistradas Marí­a Eugenia Villagrán (P), Mirtala Concepción Góngora de Trujillo y Patricia Cervantes, del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los magistrados Elder Ulises Gómez y Marco Tulio Melini, por otro lado, votaron a favor.
 
En consecuencia, el equipo legal de la coalición de la Unidad Nacional de la Esperanza y la Gran Alianza Nacional (UNE-Gana), que promueve la candidatura de Torres, presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde Los magistrados Luis Arturo Archila, César Barrientos, Gustavo Bonilla, Héctor Manfredo Maldonado, Gustavo Mendizábal, José Arturo Sierra, Telma Aldana Hernández, Luis Pineda Roca, Gabriel Medrano, Ervin Gabriel Gómez, Erick ílvarez y Rogelio Zarceño Gaytán dieron su negativa al recurso de amparo y solo el magistrado Mynor Franco votó a favor.
 
El caso está próximo a llegar a la máxima autoridad en materia constitucional, la Corte de Constitucionalidad (CC), que tiene la última palabra en el proceso de inscripción de los candidatos; sin embargo, ya se cuentan para Torres 16 votos negativos de los 19 colegiados consultados sobre la legalidad de su inscripción.
 
Incluso, si se plantea hipotéticamente que los siete magistrados de la CC que decidirán sobre la candidatura de Torres le dan el voto favorable, el conteo global de los expertos darí­a 16 votos con el “no” y diez con el “sí­â€, aunque ello le bastarí­a a Torres para ser inscrita.
 
El argumento que pesa contra la candidatura de Torres, es que su divorcio del presidente Colom fue promovido con el único fin de evitar la prohibición constitucional que limita la participación como presidenciables a familiares del mandatario y que por tanto, sí­ tiene prohibición para optar a la Presidencia de la República en esta elección.
 
¿RELIGIOSO?
 
Con menos tiempo en la controversia, Caballeros se ha encontrado con dificultades para ser inscrito como candidato a la Presidencia, debido que la Constitución prohí­be a los ministros de culto participar en la contienda como presidenciables.
 
Esto por las vinculaciones que mantendrí­a con la iglesia El Shaddai, de la que fue lí­der espiritual y representante legal. Se ha generado un debate jurí­dico en torno a este tema.
 
En la primera fase de inscripción, Caballeros encontró la negativa del Solí­s en el Registro de Ciudadanos, y en el TSE, Marí­a Eugenia Villagrán, Mirtala Concepción Góngora y Patricia Cervantes votaron con un “no”, al tiempo que Elder Ulises Gómez y Marco Tulio Melini le favorecieron.
 
El caso del aspirante a la Presidencia por la coalición Visión con Valores y Encuentro por Guatemala todaví­a no llega a la CSJ, aunque ya recibió la negativa a un recurso de revisión planteado en el TSE. Sin embargo, en las dos instancias que ya conocieron su caso, ha recibido cuatro rechazos de los seis colegiados consultados.
 
De continuar en su inscripción, el caso de Caballeros llegarí­a a la CSJ y posteriormente a la Corte de Constitucionalidad, en un camino muy parecido al que está recorriendo Torres.
 
DECISIONES FUTURAS
 
Al ser consultados sobre las decisiones emitidas por el Registro de Ciudadanos, el TSE y la CSJ, Carlos Molina Mencos, analista constitucionalista, asegura que esto no es cuestión de votos, sino de principios y del cumplimiento de ley.
 
“La Corte de Constitucionalidad hará lo que considere que debe de hacer. Si se ajusta a derecho deberá resolver en contra de la señora Torres (…) espero que se ajuste a derecho, que es su obligación”, refiere.
 
Por otra parte, el experto recuerda una resolución pasada, en la que la citada corte no actuó apegada a derecho: “En el caso de Rí­os Montt, la CC emitió un fallo totalmente en contra de la lógica de derecho y de todo”.
 
De acuerdo con Molina Mencos, por tratarse de un mandato oficial, la Corte de Constitucionalidad está en la obligación de defender y aplicar la Constitución Polí­tica de la República de Guatemala.
 
“La Corte está obligada a resolver conforme a derecho, no veo ninguna opción más que la denegatoria de Sandra Torres, pero la Corte es la Corte”, indica el constitucionalista.  “La Corte ha emitido fallos en contra de derecho más de una vez, desafortunadamente, espero que ahora sí­ se reivindique, porque en la Corte de Constitucionalidad se ha dado últimamente mucho fallo polí­tico, y ese es el gran peligro”, finalizó. 
 
Mario Guerra Roldán, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral TSE, considera que la decisión “es cuestión de ellos, de los magistrados; cada quien tiene su criterio y yo no puedo decir que obraron de mala fe, yo no puedo calificar mal al Tribunal”. “Si se equivocaron, se equivocaron. La ley está sujeta a interpretación por parte de los jueces que son los únicos que pueden interpretar la ley”.  
 
Ana Lucí­a Blas, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señala que “cualquier abogado podrá comprender esto, que depende de cómo cada magistrado ha interpretado el Artí­culo 186 de la Constitución de la República, en cuanto a la prohibición para optar al cargo en el caso de los parientes y en el caso de los ministros de culto”.
 
“Ante la sociedad, siempre van a hablar si votan a favor o en contra”, ya que los guatemaltecos esperan que las decisiones tomadas hayan sido muy apegadas a la interpretación que han hecho a la ley. 
 
Para Blas, siempre al llevar estos procesos se pone a prueba y en riesgo la credibilidad de las instituciones que tienen a su cargo tomar estas decisiones. “Son instituciones que de por sí­ gozan de muy poca confianza entre los ciudadanos. Definitivamente siempre va a haber quienes tengan dudas de que tan objetivas hayan sido las resoluciones”, puntualizó.