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Según el proyecto, a la Guardia Presidencial se le asignan Q10.8 millones y a la Secretarí­a de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) Q94.1 millones. El proyecto detalla que en pago a personal, a la Guardia Presidencial le corresponden Q4.9 millones, mientras que a la SAAS Q66.1 millones. El resto, Q33.9 millones se lo distribuyen ambas instituciones en la adquisición de bienes y servicios (ver gráfica).

Como es evidente, tres cuartas partes del presupuesto de la Presidencia de la República son destinadas para garantizar la seguridad, la integridad fí­sica y la vida del mandatario, su familia y demás funcionarios de Estado. La locomoción de las nuevas autoridades y de los elementos encargados de su seguridad le costará a los contribuyentes Q5.7 millones, puesto que a combustibles y lubricantes se le asigna dicha cantidad.

La comisión de Finanzas debe determinar el número de efectivos de alta, tanto de la Guardia Presidencial como de la SAAS y la cantidad de vehí­culos bajo su cargo. Serí­a repudiable desde todo punto de vista que mientras las autoridades tienen seguridad permanente y combustible gratis, la población esté a merced de la delincuencia y con menos acceso al consumo ahora con el alza récord del precio del petróleo y sus derivados.

Puede ser que el recorte presupuestario no sea significativo, pero enviarí­a señales claras a la población, en el sentido que la austeridad y optimización de los recursos debe empezar con el Jefe del Ejecutivo, que debe eliminar los privilegios, como por ejemplo para mencionar algunos, el transporte, combustible, piloto y escolta para los cónyuges e hijos de sus subalternos y el desmedido uso de la telefoní­a celular a costa del erario, Q1.9 millones.

Viáticos por Q6.5 millones

El presupuesto no detalla a cuánto asciende el monto de los viáticos asignados al Presidente y Vicepresidente de la República, pero sí­ cuantifica el monto, entre viáticos en el exterior e interior por Q6,490,000.

Podrán gastar más de Q24 mil diariamente en alimentos

Según se desprende del monto asignado a los alimentos para personas, el año entrante, la Presidencia de la República dispondrá de Q24,539.73, que podrá gastar diariamente en comida, toda vez que se le asigna para este rubro Q8,957,000, más Q50 mil para alimentar a los animales de la Casa Presidencial, entre estos, la mascota del nuevo Jefe del Ejecutivo.

Q650 mil para prendas de vestir

En el proyecto, también fue asignada una partida por Q650 mil para prendas de vestir. Igualmente no aclara, si la misma es para la confección de uniformes para el personal de la institución, o bien para el guardarropa anual del Presidente, Vicepresidente de la República y la Primera Dama de la Nación.

Están presupuestados otros gastos, cuyo destino no está claro, como por ejemplo, los Q1.5 millones asignados para estudios y servicios; Q1.8 millones para resumen de otros renglones del grupo, entre otros que valdrí­a la pena, la comisión de Finanzas solicite una explicación.

Mí‰XICO

En otros paí­ses existe una fuerte fiscalización sobre los excesos de los mandatarios y sus primeras damas para gustos personales, sufragados con fondos públicos. En el primer año del gobierno del presidente mexicano Vicente Fox, 2001, se destinaron 167 mil pesos para la compra de ropa; 2002, 321,573 pesos y en el 2004, 1,000,458 pesos.

PERíš

En la residencia oficial trabajan 600 personas, entre civiles y militares, en dos turnos. Hay tres cocineros, un chef para el Presidente y los funcionarios, uno para los empleados y otro exclusivo para los militares. El Jefe de la Casa Militar es quien paga para que el Presidente no se responsabilice de nada. Hay un médico, las 24 horas del dí­a, peluquero, sastre, comidas y bebidas a su disposición. El Presidente tiene todo los servicios asegurados

UNE: Control del gasto

La Unidad Nacional de la Esperanza contempla, desde la perspectiva legislativa, la necesidad de establecer condiciones para lograr una efectiva función del control polí­tico y fiscalización hacia las diferentes dependencias del Organismo Ejecutivo, para verificar que el actuar gubernamental y de la administración se realicen de acuerdo con lo establecido por el orden jurí­dico guatemalteco.

Además plantea la necesidad de permitir a la población guatemalteca su involucramiento en las acciones de gobierno y de esa forma ejercer la fiscalización del manejo de los fondos públicos.

Persiguen promover la formación y sensibilización en los diputados acerca de la importancia de la función de fiscalización, los mecanismos para hacerla efectiva y el impacto que puede generar en la administración pública y en la ciudadaní­a, tanto para las mayorí­as en ejercicio del gobierno como para las minorí­as.

«Descentralizar las acciones del Estado es acercar la polí­tica social a las personas, para lograr mayor eficiencia y eficacia en la asignación y uso de los recursos, mejora en los servicios, ahorro en la economí­a familiar, fomento de la iniciativa empresarial rural que genere un incremento de la actividad económica y social con productividad y competitividad enmarcadas en las polí­ticas agrí­colas, agroindustriales, pecuarias, artesanales, comerciales e infraestructura básica a nivel local, como resultado de los mayores niveles de inversión y gasto que permitan acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales», contempla su propuesta de gobierno.

PP: Un gobierno austero

Un gobierno que reduzca los gastos administrativos del Estado, que racionalice el gasto de viáticos, consumo de combustibles, que en la función de reestructuración plantee las lí­neas de mando estrictamente necesarias, propone el Partido Patriota.

Agrega que un gobierno que reduzca la utilización de gastos de protocolo y atención, y que limite el uso de otras partidas presupuestarias como la compra de insumos administrativos, es un gobierno capaz de alcanzar los objetivos con el mí­nimo de recursos.

Según el PP, su actuar estará fundamentado en un liderazgo basado en el ejemplo que dé el presidente, vicepresidente y los demás funcionarios de primer nivel a la administración pública. La firmeza en la toma de decisiones y ejecución para el bien común serán parte de ese liderazgo, agrega.

Señala que la observancia de la ley por parte de los servidores públicos es una condición ineludible y que en un gobierno del PP habrí­a una redefinición del enfoque sistémico en la gestión de los ministerios y dependencias del gobierno central a efecto de establecer mecanismos que le den la certidumbre de que los programas y proyectos están cumpliendo con las demandas de la sociedad y con los objetivos y metas que requiere el desarrollo del paí­s.

Se propiciará una coordinación efectiva entre las dependencias del gobierno central

y el resto de instituciones y empresas. Por último, plantea que la sociedad civil participará activamente en las decisiones del gobierno, siempre que sus propuestas sean de beneficio general y no para un sector determinado.