El diálogo político para destrabar el trabajo de la Asamblea Constituyente comenzaba a esbozarse ayer en Bolivia, en un primer acercamiento entre el oficialismo y la oposición para concertar la aprobación de la Carta Magna, frenada por un año por presiones regionales y políticas.
Delegados de los partidos del oficialismo y la oposición están convocados por el vicepresidente ílvaro García para estudiar la posibilidad de crear una «comisión de concertación» que allane las divergencias ideológicas que han impedido desde hace 13 meses la aprobación de una nueva Constitución.
«El deseo de todos debe ser que el diálogo y la concertación puedan primar ante todo para trabajar en consenso», dijo el presidente de la cámara de Diputados, el oficialista Edmundo Novillo, citado a la reunión.
Desde que se instaló el foro en agosto de 2006 las discusiones entre los partidos se trabaron en la modalidad de voto para aprobar la ley fundamental y en el tipo y modelo de país que Bolivia debería comenzar a organizar, tras la llegada del indígena Evo Morales a la presidencia del país.
En los últimos meses afloraron divergencias partidarias y regionales sobre las autonomías territoriales e indígenas, el modelo económico, la reelección presidencial, la distribución de tierras, un congreso bi o unicameral, la propiedad privada y un cuarto poder con los movimientos sociales.
En la Asamblea se han articulado, principalmente, dos bloques: el oficialista MAS, mayoritario, y la agrupación de derecha Podemos con limitada influencia, aunque imprescindible para reunir los dos tercios de los votos (170 de 255 escaños) necesarios para aprobar la nueva Carta.
En torno al foro constitucional se han formado además dos grupos regionales: uno comandado por la poderosa Santa Cruz (este), secundada por Tarija, Beni y Pando, y que lograron arrastrar a Cochabamba y Chuquisaca, y el otro por las occidentales La Paz, Oruro y Potosí, fieles bastiones electorales del presidente Morales.
En medio de esa polarización, el diálogo político que se inaugura en La Paz es el complemento del proceso de concertación que empuja el Poder Ejecutivo con los departamentos de Chuquisaca, que reclama para sí la sede de Gobierno, y La Paz, que se niega a perderla.
Chuquisaca quiere recuperar después de un siglo las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para asumir la condición de capitalidad plena. En esa región funcionan además el Poder Judicial y la Asamblea Constituyente.
En una gestión conciliadora, el poderoso ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se reunió en la noche del martes al miércoles con líderes civiles de La Paz y Sucre, capital de Chuquisaca, quienes ratificaron sus demandas en torno a la sede de gobierno.
Paralelamente a esa gestión, el MAS logró el martes un primer acuerdo en la Asamblea Constituyente con fuerzas opositoras minoritarias, excepto la derechista Podemos, para concertar la nueva Constitución.
Ese entendimiento, según analistas, servirá de mantel en la mesa de los acercamientos convocados por el vicepresidente García.
El primer vicepresidente de la Asamblea, Roberto Aguilar (MAS, izquierda), señaló que «vamos a intentar avanzar para lograr un acuerdo nacional para continuar trabajando en la Asamblea».
El foro constitucional está paralizado hace más de un mes por falta de acuerdos y urgido por la fecha fatal del 14 de diciembre fijada para la aprobación de un nuevo texto constitucional.