Allan Ariel Martínez Mont
Históricamente en Guatemala la participación ciudadana y política de algunos sectores ha sido subrepresentada, esto a consecuencia de la debilidad de nuestro sistema «democrático» que a su vez no ha logrado consolidar un Estado incluyente y participativo para toda la población. Sin embargo, durante la celebración de la primera vuelta del proceso electoral 2007 fue evidente la activa e incondicional participación de voluntarios jóvenes, mujeres, indígenas, afrodescendientes y personas con capacidades especiales.
Haciendo referencia al padrón electoral se puede afirmar que el 46% representa a la juventud guatemalteca comprendida entre los 18 y 35 años de edad; asimismo, el 52% de la población son mujeres y aproximadamente el 60% se identifican como indígenas.
Ahora bien, en gran medida esta participación de voluntarios fue canalizada a través de las misiones nacionales de observación electoral, por ejemplo el Observatorio Electoral impulsado por la Usac, PDH y el Arzobispado aglutinó a 8 mil 500 observadores; Mirador Electoral a 4 mil; la Misión Indígena alrededor de 160, el INCEP a 40, entre otros.
El Tribunal Supremo Electoral contó con el apoyo de estos sectores en la conformación de las 13,756 juntas receptoras de votos y que en un 42% fueron presididas por mujeres; asimismo, la Red de Colaboradores Voluntarios informó y orientó permanentemente a los ciudadanos en los 2,060 centros de votación instalados de acuerdo a la política de descentralización impulsada por este ente electoral.
Guatemala fue escenario para que otras misiones de observación internacional se hicieran presentes, tal es el caso de la Red Centroamericana de Observación Electoral, que con el apoyo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos y la Fundación Konrad Adenuer logró aglutinar a 40 destacados jóvenes egresados de sus programas de formación política en Centroamérica.
Finalmente, ejercicios como el Conteo Rápido implementado por Mirador Electoral permitieron la participación voluntaria de 4 mil jóvenes y representantes de los sectores arriba mencionados, dichos voluntarios observaron el proceso electoral en los 332 municipios, ejercicio que les permitió elaborar y entregar al TSE un cuadro estadístico que midió la intención de voto a nivel presidencial (ver recuadro).