Las relaciones entre los gobiernos de la región que buscan establecer condiciones de producción más equitativas con las petroleras extranjeras generan conflictos que, en ocasiones, implican la partida de las empresas en términos no necesariamente amistosos.
El Gobierno del presidente argentino Néstor Kirchner, negocia con las petroleras los precios en el mercado interno desde que el precio del crudo se disparó a nivel internacional, política cuestionada por algunos analistas.
«La política de control de precios y tarifas que aplica el Gobierno en el área de energía afecta la rentabilidad de las empresas y eso se refleja en la paralización de las inversiones», dijo a la AFP Francisco Mezzadri, analista del sector energético.
Kirchner mantiene un abierto enfrentamiento con la petrolera angloholandesa Shell desde 2005, cuando llamó a los ciudadanos a no comprar combustible en sus gasolineras, después de que la firma decidiera un aumento de precios por encima de lo acordado.
La secretaría de Ambiente y Desarrollo Humano clausuró el miércoles la destilería y refinería que Shell posee en la periferia sur de Buenos Aires, alegando motivos ambientales.
El presidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren, señaló que si el Gobierno no revierte la clausura de la planta cuestionada «se va a afectar el abastecimiento del mercado interno, no sólo de gasoil sino también de nafta».
La prensa argentina divulgó la semana pasada que la petrolera Esso, filial local del gigante estadounidense ExxonMobil puso en venta sus activos en el país, sin que la empresa desmintiera esa versión.
Por su parte, el gobierno de Venezuela negocia la salida del país de las petroleras Exxon Mobil y Conoco Phillips, que no aceptaron el pasado mes de junio migrar a empresas mixtas con mayoría estatal en la Faja petrolífera del Orinoco.
«Con las empresas que no aceptaron nuestras leyes, estamos en conversaciones para finiquitar su salida del país, cosa que ya sucedió, porque todas esas operaciones ya están bajo control de Petróleos de Venezuela», aseguró Ramírez.
Fuentes de la industria consideran que entre las posibilidades para indemnizar a Conoco y Exxon están el pago con crudo o, en efectivo, lo que parece improbable. De lo contrario, las partes deberán dirimir sus diferencias en alguna corte internacional.
El gobierno boliviano nacionalizó los hidrocarburos en 2006, adecuando los nuevos contratos con diez petroleras transnacionales.
Como base del acuerdo, las petroleras que operan en el país aceptaron entregar el 82% de sus ingresos a Bolivia, contra 18% que entregaban hasta ese momento.
La principal dificultad radicó en la falta de planes de inversión y la previsión de volúmenes de gas natural para el mercado nacional y para la exportación.
Según el ex ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, que encabezó el proceso de nacionalización, esos contratos favorecen a las petroleras, que «tienen derecho a inscribir el valor de las reservas que explotarán en los próximos 30 años en las bolsas internacionales de valores» y no están obligadas a acatar los precios de comercialización para el mercado interno; además, no se fijan condiciones claras para las nuevas inversiones.
El ex ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli (conservador), declaró por el contrario que desde 2003 «hay un maltrato al sector y poco incentivo a las inversiones».
El gobierno socialista de Ecuador anunció este viernes que tiene como política de Estado la decisión de renegociar los contratos con las empresas petroleras para obtener una mayor renta, las cuales a su vez están dispuestas a una revisión de los acuerdos.
«Es una política de Estado que busca una mayor participación del país en los contratos de acuerdo con las condiciones internacionales», dijo el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, al canal Gamavisión, y apuntó que «de eso están absolutamente conscientes las empresas».
«Las compañías han respondido que podemos revisar los contratos», manifestó de su lado el presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera de Ecuador (AIHE), René Ortiz.
Chiriboga indicó que «existe una ley que dispone que el reparto del incremento del precio del crudo debe ser de por lo menos 50% para el Estado», a pesar de lo cual tienen que ser renegociados los contratos, que actualmente favorecen a las compañías en una relación de 80/20.
Ortiz manifestó a la AFP que en su opinión, «las compañías están produciendo actualmente en función de las inversiones programadas en 2006. Pero para el siguiente año no hay proyectos de inversión, porque el gobierno no ha presentado ningún plan».