Quienes propugnan por que el número de diputados sea reducido de 157 a 80 y que se modifique el texto constitucional para permitir la reelección, alternando un perí­odo constitucional, tendrán que continuar esperando, porque no obstante, la oferta electoral del partido oficial y otros partidos polí­ticos de articular una legislación en ese sentido, vista con agrado por las cúpulas de poder, mucha agua tendrá que correr bajo el puente para que tales ponencias sean aprobadas.

Modificar el artí­culo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, que regula el número de diputados (uno por cada ochenta mil habitantes en función del censo poblacional vigente) es viable si existiera voluntad polí­tica, porque solo bastarí­a el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad y el voto favorable de 105 diputados para reducir el número de diputados a su mí­nima expresión, pero en la actual legislatura fue evidente la oposición, cuando se modificó dicha ley en dos eventos distintos.

En cambio, en el tema, relativo a la reelección, la regulación de ésta pasarí­a por una reforma al artí­culo 157 constitucional, que posteriormente tendrí­a que ser sometida a una consulta popular y aun cuando la población en un hipotético caso ratifique la modificación, no está exenta de impugnaciones porque hay quienes creen que restringe el derecho de elegir y ser electo que la misma Constitución reconoce como un derecho humano, establecido en su parte dogmática.

Las deliberaciones a favor de ambas normas son parte de la oferta legislativa que promueven los partidos polí­ticos Gana, CASA, PP, EG, ANN, que congruentes con ese supuesto clamor popular tendrí­an que unificar, porque según ellos son los pasos iniciales que deben darse para rescatar el Congreso de la República de la corrupción, el amiguismo, tráfico de influencias y el clientelismo polí­tico, lo cual ha deteriorado su imagen ante la población.

La DCG y FRG por su parte, consideran peligroso modificar la Constitución con un escenario fácilmente manipulable por parte de grupos poderosos, que cuentan con el apoyo de un segmento importante de la prensa, en tanto que los punteros PP y UNE, proponen convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que una vez instalada puede atribuirse poderes plenos para redactar una nueva Ley Fundamental, no obstante, las limitaciones que la misma Constitución Polí­tica le impone.