Una jueza penal del este del país condenó el viernes a penas superiores a 50 años de cárcel a dos oficiales —entre ellos un teniente coronel— y un suboficial del Ejército por el asesinato de dos civiles de barrio pobre al sur de Bogotá a quienes presentaron como guerrilleros muertos en combate.
BOGOTA / Agencia AP
La jueza Florelly González, de la ciudad de Bucaramanga, a 300 kilómetros al este de la capital colombiana, leyó en una audiencia pública el extenso fallo que afectó al teniente coronel del Ejército Wilson Castro (sentenciado a 54 años de cárcel), al teniente Eduard Villany (55 años) y al sargento Jesús í‘iámpara (55 años).
También fue condenado a 54 años de cárcel el soldado Juan Carlos Alvarez. Otros cuatro soldados recibieron sentencias de entre 28 y 29 años de prisión.
Ninguno de los ocho militares, condenados entre otros por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada, se hizo presente en la audiencia pública y a través de sus abogados se excusaron por su inasistencia. A lo largo de la indagación y del juicio, todos se mostraron ajenos a los hechos investigados.
Aunque puede ser apelado ante un tribunal superior, el del viernes fue el primer fallo condenatorio del que se considera el caso emblemático del mayor escándalo en años en el seno de las Fuerzas Militares por el asesinato de civiles.
«Es una sentencia muy significativa porque parte en dos la historia de los crímenes de Estado en Colombia», dijo en entrevista telefónica Beatriz Sánchez, abogada de los familiares de Eduardo Garzón y Daniel Pesca, dos hombres de Soacha — una barriada al sur de Bogotá — que, engañados con inexistentes promesas de trabajo, a principios de 2008 viajaron al noreste de Colombia y días después resultaron muertos luego de un supuesto combate con la fuerza pública.
Garzón y Pesca fueron asesinados por efectivos de un batallón de infantería del Ejército en zona rural del municipio de Cimitarra, departamento de Santander, 190 kilómetros al norte de esta capital.
La esposa de Pesca, Kelly Johanna Ruiz, aseguró en diálogo telefónico que la condena, «la verdad, me produce satisfacción» porque «valieron la pena estos tres años de lucha».
Recordó que su esposo, de 27 años y taxista de profesión, salió de su casa el 27 de febrero de 2008 «y nunca más volvimos a saber de él… Lo buscamos en hospitales, en cárceles, en clínicas psiquiátricas, en todas partes… Seis meses después encontramos su cadáver».
El teniente coronel Castro, el teniente Villany y el sargento í‘iámpara hacen parte de los 27 militares que en octubre del 2008 fueron destituidos por el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y el actual mandatario Juan Manuel Santos, quien era su ministro de Defensa, en la mayor purga en las filas castrenses y precisamente tras el estallar el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales.
Para la abogada Sánchez, lo más importante de la sentencia «es que ya no sólo estamos hablando de un homicidio agravado sino de un delito de lesa humanidad».
En su concepto, «no estamos hablando de hechos aislados: aquí tuvo que haber autores intelectuales y eso es lo que la justicia tiene que establecer».
Desde finales de 2008, cuando se denunció que algunas bajas reportadas por los militares en realidad eran ejecuciones extrajudiciales, incluidas las de Garzón y Pesca y las de otros nueve civiles de Soacha, la Fiscalía ha recibido denuncias de que 2.731 personas habrían sido víctimas de esta práctica.
De esas 2.731 supuestas víctimas, de acuerdo con datos de la Fiscalía, 128 eran mujeres y 138 menores de edad.
Según estadísticas del organismo investigador, hasta mayo pasado 368 militares habían sido condenados por estos hechos. Por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales en la Fiscalía y en juzgados de Colombia.
Por los asesinatos de los otros nueve civiles de Soacha, al menos 45 militares se encuentran vinculados a procesos penales. La mayoría de ellos, sin embargo, goza de libertad provisional hasta tanto la justicia decida si son culpables o inocentes.