El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió hoy en un acto en el Palacio de Planalto, en Brasilia, un libro que resume las investigaciones de la Secretaría de Derechos Humanos sobre muertos y desaparecidos durante la dictadura militar (1964-1985).
El libro presentado ayer se considera histórico porque por primera vez un documento oficial del gobierno federal reconoce que integrantes de la dictadura militar practicaron actos crueles contra opositores al régimen.
En su discurso al recibir el libro, Da Silva se comprometió frente a los familiares presentes de las víctimas a redoblar los esfuerzos para obtener la información de donde están los restos mortales de sus seres queridos.
«Brasil precisa esa verdad tal como ella es, y creo que nosotros conseguiremos presentarla al pueblo», dijo el mandatario.
El presidente resaltó que la revelación de lo ocurrido en los llamados «años de plomo» no tiene ningún espíritu de revanchismo sino que está animada por un sentido de reconciliación.
Durante la ceremonia, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, dijo que las Fuerzas Armadas tomaban la presentación del libro «con naturalidad», y advirtió que si «alguno» no acepta la determinación del gobierno, «tendrá respuesta».
El informe es resultado de un trabajo de 11 años de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos, integrante de la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno.
Casos de decapitación, descuartizamiento, abusos sexuales y torturas de varios tipos son detallados, así como la ejecución de personas presas que ya no podían defenderse.
El libro afirma que la mayoría de las muertes ocurrió en la prisión y sobre intensas torturas, y afirma que la dictadura militar instituyó un «terror de estado» para combatir a las fuerzas de izquierda que se levantaron para enfrentarla.
La obra recomienda al presidente Lula da Silva que cree una comisión en el ámbito del ministerio de Defensa y de la Secretaría de Derechos Humanos para escuchar a militares en actividad y en situación de reserva y a los agentes civiles de la represión política.
El objetivo es encontrar información sobre el paradero de los desaparecidos políticos.
Derechos Humanos desconfía de que los archivos militares estén escondidos, posiblemente en manos privadas, y expresa que el país tiene derecho de conocer su pasado.
La Comisión que elaboró el informe analizó casi 500 casos, reconociendo legalmente 356 casos, de los cuales sólo tres cuerpos fueron localizados.
El lanzamiento del libro marcó además los 28 años de la Ley de Amnistía, mediante la que fueron perdonados los «delitos políticos producidos por motivación política» de los ciudadanos frente al régimen militar, lo que permitió el retorno a Brasil en 1979 de numerosos exiliados.