El ministro de Defensa uruguayo Luis Rosadilla abandonó el cargo por «estrictas razones médicas», se informó ayer.
Rosadilla, de 58 años, acompañó la gestión desde el comienzo de la presidencia de José Mujica en marzo de 2010 y se destacó por mantener un fluido diálogo con los mandos militares, el oficialismo y la oposición.
El Ministerio quedará a cargo interinamente de Jorge Menéndez, subsecretario de Defensa, hasta que Mujica designe su reemplazo, informó la oficina de comunicaciones del Ministerio.
Agregó que el viernes Rosadilla iniciará una licencia médica de 45 días y el martes se internará para comenzar a tratar los divertículos que padece, por lo que debe cumplir reposo absoluto y una dieta exigente.
Una vez recuperado ocupará la banca que había obtenido en el Senado en las elecciones generales de 2009 y que dejó para ser ministro. En el Senado reemplazará a Carlos Gamou, quien retornará a la Cámara de Diputados.
Rosadilla forma parte del llamado Espacio 609 que a su vez integra el Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector más poderoso de la heterogénea coalición oficialista del Frente Amplio. El ahora ex ministro perteneció al movimiento tupamaro, al igual que Mujica.
El de Rosadilla es el segundo cambio de ministros en una semana. El lunes, Mujica removió de su cargo a la ministra de Desarrollo Social Ana Vignoli, del Partido Comunista, fuertemente cuestionada por su falta de ejecutividad y por la muerte de seis personas por una ola de frío.
Desde el 19 de julio, el cargo dejado vacante por Rosadilla será ocupado por Daniel Olesker, quien hasta ahora era ministro de Salud Pública, cartera en la que asumirá Jorge Venegas, que actuaba como viceministro de la misma y es dirigente del partido Comunista, según anunció el presidente en rueda de prensa.
El gobierno enfrenta una crisis interna y una fuerte disputa con el ortodoxo partido Comunista, que aportó un 6% de los más de 1,1 millón de votos con los que Mujica obtuvo la presidencia.
Los comunistas se han negado a votar proyectos de ley impulsados por el gobierno como la ley de participación privada en empresas públicas sancionada esta semana.