La decisión del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de cancelar la solicitud de extradición de Carlos Vielmann es el palmario reconocimiento de que nuestro sistema judicial no puede operar eficientemente frente a los grandes poderes fácticos. De hecho, prácticamente todos los procesos que podrí­an considerarse paradigmáticos y que eran la carta de presentación de la lucha contra la impunidad, están naufragando, salvo aquellos en los que los sindicados son pura gente operativa y no quienes les dan las instrucciones.

En otras palabras, quien tenga un capital tradicional o un capital emergente, venga de donde venga el pisto, tiene control sobre la justicia.
 
 Ahora que el Presidente de la República dice con todo orgullo y satisfacción que él no dirige un Estado Fallido, como que la misma realidad le restriega sus palabras en el rostro porque si no fuéramos un Estado Fallido no habrí­a tales de pedir a España que mejor se hagan cargo ellos de realizar el juicio que aquí­ no puede desarrollarse con las debidas certezas jurí­dicas. Y no es casualidad que al mismo tiempo tanto el MP como la CICIG decidan que contra Javier Figueroa se mantiene el pedido, dando a entender que no llega a tener la categorí­a o el nivel como para que su caso pueda también verse comprometido.
 
 La idea de tener una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala era justamente la de disponer de ayuda que, libre de las presiones de los poderes fácticos, pudiera realizar un eficiente trabajo para someter al imperio de la ley a todos en el paí­s, pero está demostrado que la chaqueta era demasiado grande porque resulta que no estamos hablando de grupitos que ejercen presiones, ni de litigios mediáticos, sino de formas efectivas para aprovechar las deficiencias de nuestro sistema de administración de justicia.
 
 Cuando un Estado simple y sencillamente dice que no va a perseguir un delito porque no hay garantí­as de que pueda ser administrada correcta e independientemente la justicia, pareciera como si estamos hablando de un Estado Fallido. Imagine que fuera como en la Epopeya de las Indias Orientales, aquella célebre obra de teatro que hizo época en Guatemala, y que las Cortes de España nos pidieran que mejor se juzgaran en Guatemala los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista porque allá no se puede aplicar la justicia. Una cosa era lo que hací­an Garzón y compañí­a al decidir ellos que nuestra justicia no funcionaba y que por eso hací­a falta la justicia universal en los casos de violaciones graves de derechos humanos, pero que un paí­s admita que su justicia no funciona, que mejor encomienda a otros que se hagan cargo de sus casos, constituye un fracaso tremendo y un reconocimiento palmario de ineptitud.
 
 La verdad es que el manoseo de nuestra justicia es tremendo y aunque duela mucho a los operadores, hay demasiada venalidad y en una u otra instancia siempre hay chances de que quien tiene plata pueda inclinar la balanza y torcerle el brazo a la ciega dama que la sostiene. Por eso hay delitos que no parecieran existir en el paí­s porque son aquellos de cuello blanco, entre ellos los de corrupción que son tan marcados en nuestro medio y tan invisibilizados en el sistema de justicia.
 
 Tiene que ser un dí­a triste no sólo para el paí­s y para su Ministerio Público este grave reconocimiento de incapacidad sino también para la CICIG que despertó tantas esperanzas porque de una u otra manera estamos admitiendo que los esfuerzos en Guatemala no son suficientes y que por muchos avances que tengamos, se puede esperar que prosperen si van contra gente de bajo nivel, que es hasta donde llega la justicia.