Sin entrar a juzgar por qué y cómo el gobierno de í“scar Berger declaró lesivo el negocio de la concesión de los ferrocarriles, porque algunos sostienen que alrededor del tema hay todo un mar de fondo que nos recuerda la historia de la IRCA, posteriormente devenida en FEGUA, queremos destacar que en teorí­a un paí­s soberano que considera que una negociación realizada es perjudicial y contraria a los intereses nacionales puede y debe declarar la lesividad del negocio y los afectados, en este caso los inversionistas extranjeros, tendrí­an la facultad de acudir a los tribunales de la República para reclamar la protección de sus legí­timos derechos.

Si el Estado comete un abuso o un exceso, el marco legal permite agotar los medios de defensa para que se pueda proteger el interés de quienes no sólo legí­timamente sino éticamente han realizado una operación contractual de cualquier naturaleza con el Estado. Pero llama la atención, sobre todo ahora que pareciera haber un súbito brote de dignidad nacional, de encendido y patrio ardimiento como consecuencia del tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que quienes se rasgan las vestiduras por una comisión de asesores que vendrán a contribuir con el Ministerio Público en una tarea urgente, no digan nada sobre la situación generada por este caso de Ferroví­as.

Sucede que la empresa extranjera, al amparo y tenor de lo que establece el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y aceptado por nuestro Congreso sin chistar o siquiera analizar, tiene la potestad de dirimir el caso no en los tribunales de la República de Guatemala, como corresponderí­a porque se está discutiendo un negocio realizado aquí­ y que tiene que ver con intereses nacionales y afectado por decisiones de las autoridades de un paí­s libre y «soberano». De suerte que la decisión del gobierno de Berger declarando lesiva la concesión otorgada a Ferroví­as, tendrá que ir a defender su caso ante tribunales de otro paí­s que, por supuesto, tomarán en cuenta los intereses de sus conciudadanos que son los inversionistas y mandarán al diablo las argumentaciones del paí­s afectado que tendrá que defenderse porque a la hora de dirimir la cuestión será visto como agresor.

¿Dónde están las encendidas protestas por esa renuncia expresa y absoluta a una de las condiciones elementales de la soberaní­a como es la de hacer cumplir las leyes de la República en los tribunales nacionales? Repetimos que no juzgamos si el Gobierno tuvo más razón que intereses particulares en la decisión porque, al fin y al cabo, somos tan vejigas que dejamos que ese y otros temas los decida y califique un tribunal extranjero que, según el TLC, tiene jurisdicción para actuar en los casos de la inversión extranjera que provenga de la parte dominante en el tratado. Y si eso no es mandar a la punta de un cuerno la soberaní­a, los objetos de la CICIG nos podrán explicar en qué consiste tal renuncia.