La justicia española condenó hoy a 47 independentistas vascos a más de 500 años de prisión por distintos delitos de «integración» o «colaboración» con organización terrorista, en el marco del mayor proceso llevado a cabo en España contra el entorno de ETA.
Los condenados pertenecen a un conglomerado de organizaciones vascas cercanas a ETA que promovían acciones en el terreno político (Kas-Ekin), internacional (Xaki), mediático y cultural (el diario Egin) o con actos de desobediencia civil (Fundación Joxemi Zumalabe).
Las penas para los 47 acusados en el juicio que se llevó a cabo en Madrid entre noviembre de 2006 y marzo pasado, van de dos a 20 años de prisión.
Kas-Ekin «era parte de las entrañas de ETA», afirmó la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), Angela Murillo, al leer la sentencia contra 52 acusados, cinco de los cuales fueron absueltos.
La organización Kas-Ekin «no constituía solo un conjunto de organizaciones satélites que giraban alrededor de la organización terrorista ETA»; «era parte de las entrañas de ETA, conformando la dirección de uno más de sus frentes, junto al armado y el político, llamado por la misma organización terrorista ’frente de masas’ y ’frente mediático’», dice la sentencia.
La magistrada añadió que Xaki es «no es ni más ni menos que el aparato internacional» de la organización separatista armada vasca, al tiempo que aseguró que la Fundación Joxemi Zumalabe «colaboró decisivamente con la organización ETA».
La juez, que citó, entre otras, la documentación incautada a la organización armada vasca en la operación que permitió el desmantelamiento de su cúpula en 1992 en la localidad francesa de Bidart (suroeste de Francia), afirmó que la «desobediencia civil se contemplaba como una acción complementaria» de la lucha armada.
«La Fundación impulsó dicha desobediencia colectiva como forma de lucha complementaria, en el pleno convencimiento de que si, con las acciones guerrilleras (acciones armadas) fue posible desestabilizar al Estado opresor (Estado Español), ’por qué no volverles locos con las acciones desobedientes, para que no pudiéndonos hacer nada, les rompamos en los morros su propia legalidad’», asegura la sentencia.
La fiscalía había considerado durante el proceso que estas organizaciones formaban parte del aparato político de la organización armada separatista ETA.
El juez Baltasar Garzón fue el iniciador de este proceso, que entre 1998 y 2002 desmanteló el conglomerado de organizaciones, cuyos miembros se sentaron hoy en el banquillo de los acusados.
Para el magistrado español, ETA no habría podido actuar y sobrevivir sin el apoyo de esta red de acción social.
Pernando Barrena, uno de los últimos dirigentes de Batasuna que quedan en libertad, denunció hoy «el delirio represivo» del gobierno y aseguró que su partido dispone de «más de 200 mil portavoces políticos dispuestos a realizar esa labor», en referencia a los militantes de su formación.
ETA, considerada responsable de 819 asesinatos cometidos en España en 39 años de violencia por la independencia del País Vasco, puso fin a principios de junio de 2007 a su «alto el fuego permanente» anunciado en marzo de 2006, tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno socialista español.
Esta reanudación de la lucha armada fue seguida de una mayor presión por parte de la justicia española sobre ETA y su entorno, al tiempo que el grupo armado volvió a atentar.
En la noche del sábado una bomba explotó en la puerta de un tribunal de la localidad de Sestao (País Vasco, norte) sin causar víctimas, tras una llamada de advertencia en nombre de ETA.
Ese atentado tuvo lugar apenas dos semanas después del asesinato de dos guardias civiles españoles, en misión en Francia, por un supuesto comando de la organización armada.