El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, levantó hoy el estado de excepción decretado hace un mes y medio, tal como habí­a prometido, con el fin de despejar las dudas sobre la legalidad de las elecciones legislativas y provinciales previstas para el 8 de enero.

Sin embargo, la oposición y un sector importante de la comunidad internacional, así­ como las organizaciones de defensa de los derechos humanos, consideran que el levantamiento del estado de excepción no cambiará nada, pues el gobierno hizo de antemano imposible todo recurso ante la justicia contra las medidas y las enmiendas a la legislación que fueron promulgadas bajo dicho régimen. En particular, la destitución de los altos magistrados hostiles al régimen de Musharraf.

«El presidente Musharraf firmó el decreto de abrogación del estado de excepción», declaró Anwar Mahmood, uno de los portavoces del gobierno, agregando que lo hizo a las 2:30 horas (en Guatemala).

El general Musharraf, que tomó el poder hace más de ocho años gracias a un golpe de Estado militar sin derramamiento de sangre, habí­a decretado esta ley de excepción el 3 de noviembre en esta República islámica y potencia nuclear de 160 millones de habitantes, pero prometió, tres semanas más tarde, levantarla antes del 16 de diciembre, inicio oficial de la campaña electoral.

Bajo este estado de excepción, las autoridades arrestaron, sin control alguno de la justicia, a más de 5 mil opositores –que fueron liberados hace algunas semanas, salvo unos 30–, destituyeron a los principales magistrados del paí­s que cuestionaban el poder de Musharraf y la legalidad de su reelección del 6 de octubre, e impusieron a los medios de comunicación una cierta censura, aunque ésta finalmente no fue eficaz.

Musharraf nombró un nuevo orden judicial más dócil y un gobierno interino fiel, con el fin de preparar las elecciones.

«Todos los derechos fundamentales han quedado restablecidos», aseguró el ministro de Justicia, Afzal Haider. «El levantamiento del estado de excepción permitirá garantizar elecciones libres y justas», agregó.

A pesar de las sospechas sobre la legalidad de las elecciones, los partidos de la oposición, tremendamente desunidos al igual que sus máximos representantes, los ex primeros ministros Benazir Bhutto y Nawaz Sharif, no lograron tampoco acordar un boicot a las elecciones y las principales formaciones anunciaron su participación en los comicios.

El presidente paquistaní­ decretó el estado de excepción invocando la intromisión del poder judicial en la labor del gobierno y alegando la amenaza islamista. Pero si bien este segundo argumento es real (Pakistán vive desde hace cuatro meses una oleada de atentados islamistas), el primero fue deplorado por la oposición y la comunidad internacional.