Arturo Arias
En el viaje que realicé a Guatemala en agosto de este año, vine a enterarme de los elementos del legado de la represa Chixoy, entrevistando a los miembros de la Asociación Campesina Río Negro Maya Achí (ASCRA). La gran mayoría de ellos son sobrevivientes de las masacres de Río Negro y alrededores, que tuvieron lugar entre 1980 y 1983. Dichas masacres han sido ampliamente documentadas. Se les menciona en los documentos del arzobispado y de Naciones Unidas, e incluso, la académica Victoria Sanford ha publicado un libro sobre la exhumación de muchos de los restos de las mismas. Por lo tanto, más que la documentación de las masacres propiamente dichas, o bien de sus exhumaciones, lo que me interesaba era la relación de causa y efecto entre los elementos de esa modernización acelerada que realizada en las condiciones concretas del país en la década de los setenta, tuvo como consecuencias no sólo una vasta destrucción humana, sino también ecológica, pero cuyas consecuencias no se quedaron allí. La lucha de la población local por preservar su memoria histórica y la de sus deudos se transformó en una lucha internacional por exigir reparaciones y compensación del INDE por los daños sufridos a partir de 1975. El objetivo de estas reparaciones tiene como base el que su lucha por la preservación de la memoria no sea tan sólo una manifestación cultural de orden simbólico, sino que se transforme en una compensación efectiva por los errores estatales del pasado, que asegure que los pueblos afectados por los vastos proyectos modernizadores, en su gran mayoría mayas, cuenten con los recursos jurídicos y la protección de sus derechos para poder participar como sujetos libres e informados en todo futuro proceso de desarrollo que afecte sus intereses, requiriéndose su consentimiento para cualquier propuesta a gran escala, y las garantías de recibir beneficios sociales y materiales concretos de dicho desarrollo.
Paralelamente a este proceso, en diciembre del año pasado vi con horror la proyección de la película Apocalypto de Mel Gibson. Posteriormente conversamos sobre la misma en el campus de la universidad de Tulane con la colega Judith Maxwell, y pensamos participar en el congreso maya de agosto último con un panel que analizara la misma. Mi participación en ese panel se vio interrumpida al transformarse mi presencia en el congreso en discurso inaugural que abrió el mismo. Sin embargo, en ese mismo discurso derivé algunas de mis observaciones al respecto y de sus consecuencias, comparando la representatividad simbólica de la película con el largo proceso vivido por los ex pobladores de Río Negro y aledaños.
Para quienes no están del todo familiarizados con los eventos vividos por los achíes de la cuenca del Chixoy, permítanme recordárselos. La represa Chixoy y su central hidroeléctrica de Pueblo Viejo, construidas por el INDE con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, es la principal fuente de energía eléctrica para Guatemala. La construcción de la misma es un claro ejemplo de la globalización del capital, pues participaron en ella corporaciones de Suiza, México, Estados Unidos, Italia, Alemania, el Japón, la India, Portugal y Canadá. Los nombres de dichas corporaciones, del número de trabajadores de cada uno de esos países, los años en los cuales residieron y trabajaron en la zona, y lo que construyó cada uno de ellos, se encuentra documentado en el Resumen Ejecutivo del estudio de los elementos del legado realizado por Barbara Rose Johnson del Centro para la Ecología Política en 2005. En este mismo documento se hace constar que la construcción comenzó en 1975 sin ninguna notificación a la población local. Tampoco se realizó un censo general de las personas afectadas, no se adquirió legalmente el terreno para apoyar las obras de construcción de la represa y de la central hidroeléctrica, ni se adquirieron legalmente las tierras que serían inundadas por el embalse. Tampoco se planificó la compensación el reasentamiento o los modos de vida alternativos de los aproximadamente 3, mil 445 residentes, en su mayoría achíes, que serían desplazados. Tampoco se evaluaron las pérdidas para las 6 mil familias cuyas tierras serían inundadas, la pérdida de los sitios sagrados, la pérdida de ruinas prehispánicas, la pérdida de acceso a la tierra, la ruptura de rutas de transporte, la ruptura de los lazos entre las comunidades, y su acceso a los mercados tradicionales. El INDE no desarrolló ningún acuerdo de reasentamiento, no implementó ningún plan viable de reconstrucción, ni transfirió legalmente los títulos de las tierras donde construirían la represa.
La población se enteró accidentalmente del proceso, al ver los inicios de la construcción, y cuando algunos de los técnicos extranjeros les comentaron inocentemente a algunos campesinos que cultivaban su tierra, que el área donde trabajaban sería cubierta por el agua. Muchos de ellos ni siquiera sabían en aquel entonces lo que era una represa. Las noticias, sin embargo, circularon pronto entre las comunidades afectadas, y éstas empezaron a pedirle cuentas al INDE. Entonces el mismo contrató a algunos pocos pobladores como obreros no calificados para calmar el malestar, Asimismo, le prometió a las comunidades compensarlos con tierras nuevas, casas nuevas de mucho mejor calidad de las que poseían en las mismas, agua potable, puestos de salud, escuelas, iglesias, carreteras para llegar a las mismas, camiones gratis para el transporte y la comercialización, y energía eléctrica gratis.
Algunos de los residentes aceptaron las promesas y se trasladaron a los nuevos asentamientos, tales como Pacux, en Rabinal, El Naranjo en Cubulco, o Panquix en San Cristóbal, Alta Verapaz. Sin embargo, al llegar, se dieron cuenta de las falsas promesas del INDE. Lo que les dieron fueron tierras de mala calidad impropias para el cultivo, y hasta 1980, aun no había ninguna infraestructura construida en ellas. Asimismo, las dotaciones de tierra por familia eran diminutas, imposibilitando la producción agrícola. Por ello mismo, la gran mayoría se regresó a sus comunidades de origen, exigiendo compensación justa por sus pérdidas. Otros residentes se negaron a trasladarse e intentaron negociar términos más justos. El INDE llegó a la mesa de negociación con militares armados, aumentando las tensiones, y sus fuerzas de seguridad masacraron a 7 personas en la iglesia de la aldea el 4 de marzo de 1980. Ese mismo año fueron robados los registros que tenían las comunidades sobre las ofertas prometidas y su documentación de propiedad. Los dirigentes del Comité Pro-Mejoramiento de Río Negro, Valeriano y Evaristo Osorio Chen fueron convocados a una reunión con el INDE el 10 de julio de 1980 en la cual fueron desaparecidos, apareciendo los cuerpos mutilados en Purulhá. En consecuencia, varias comunidades afectadas, pero principalmente la de Río Negro, comenzaron a organizarse para afrontar colectivamente la tensión. Esta organización de base, sin embargo, tuvo como consecuencia que el ejército declarara que las comunidades resistentes eran subversivas, y bien colaboraban con la guerrilla, o eran todos ellos guerrilleros. No ayudó en esa coyuntura que el EGP anunciara públicamente la apertura del frente Marco Antonio Yon Sosa que cubría la zona oriental de la sierra de las Minas y del Chuacús en ese mismo momento, y que algunos jóvenes radicalizados participaran en las FIL. En esa situación la Policía Militar Ambulante que le ofrecía seguridad a la represa, empezó a provocar a las comunidades, y a desaparecer individuos o bien a violar mujeres jóvenes. Mientras tanto, el ejército empezó a desalojar a los residentes a la fuerza. Como consecuencia, los dirigentes de la comunidad se escondieron en el monte. Así, cuando entró el ejército acompañado de patrullas de autodefensa civil el 13 de febrero de 1982 y obligó a los hombres a marchar a Xococ, donde fueron masacrados 73 de ellos, murieron sobretodo los ancianos, o quienes tenían menos vínculo con los dirigentes de l comunidad. Estos, sin embargo, vieron con impotencia desde la montaña cuando un mes después, el 13 de marzo, se repitieron los hechos con las mujeres y los niños, quienes fueron conducidos a Pacoxom, siendo masacrados 177 de ellos. En mayo fueron masacrados otras 85 personas en Los Encuentros, y 92 más en Agua Fría el 14 de septiembre.
Pese a ello, la población se resistió a moverse. Cuando terminaron la construcción y subieron las aguas en enero de 1983, las patrullas de autodefensa yel ejército desalojó a la población a la fuerza, sin ningún acuerdo de compensación y reasentamiento con la población afectada. Para entonces, diez comunidades de la cuenca del río Chixoy habían sido destruidas por las masacres: Río Negro, Los Encuentros, La Laguna, Agua Fría, Comalapa, Jocotales, Chitucan, Los Mangales, Pacaal y Hacienda Chitucan.
Las 150 familias sobrevivientes de Río Negro, la población más afectada, fueron concentradas en el asentamiento Pacux, en las afueras de Rabinal. Allí llevaron posteriormente a la población que permaneció años en la montaña, cuando finalmente se rindieron por hambre, no sin antes llevarlas al cuartel de Rabinal y torturarles durante 15 días. Dicho asentamiento constituía de 150 viviendas de muy mala calidad, localizado al lado de la base del destacamento militar que permaneció observándolos de cerca hasta 2003, en violación de los acuerdos de paz de 1996.