Representantes de Nicaragua y Colombia tienen una cita mañana en La Haya donde la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decidirá si tiene competencia para juzgar su diferendo territorial en el Caribe, una zona con importantes intereses petroleros y turísticos.
Nicaragua, en una demanda presentada en 2001, pidió a la CIJ que trate la cuestión de la soberanía de una zona de más de 50 mil km2 que incluye las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño.
En su sesión de mañana, el tribunal de La Haya, presidido por la británica Rosalyn Higgins, comunicará si va a juzgar o no este caso después de haber deliberado durante meses sobre los argumentos presentados por las partes en la semana de audiencias celebrada a principios de junio.
Managua insiste en que estos territorios pasaron a manos colombianas gracias a una interpretación unilateral y dudosa del tratado Barcenas-Esguerra, firmado en 1928, cuando Nicaragua estaba bajo ocupación estadounidense, situación que invalidaría cualquier acuerdo suscrito en la época.
El país centroamericano recurre a la CIJ invocando un artículo sobre la solución de conflictos del llamado pacto de Bogotá, firmado en 1948 y del que los dos países en litigio forman parte.
Pero según Bogotá, la situación de San Andrés y el resto de territorios en cuestión quedó zanjada con la firma del acuerdo de 1928, ya que el Pacto de 1948 no somete a la jurisdicción de la CIJ los acuerdos internacionales que se hayan suscrito antes de esa fecha. Por ello pidió a la Corte que se declare incompetente y dé por cerrado el caso.
La CIJ «no tiene jurisdicción», insistió recientemente el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo.
Según los responsables de Bogotá, la actitud de Managua puede «desestabilizar las relaciones internacionales» ya que si el tribunal de La Haya admite su solicitud, «cualquier país se sentiría autorizado a fabricar artificialmente una disputa territorial para cambiar el trazado de sus fronteras».
Ayer, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó de nuevo la política colombiana «imperialista» y «expansionista» en el Caribe y pidió al Ejército nicaragí¼ense que esté preparado para lo que decida la CIJ.
«Nosotros no quisiéramos que el Ejército se viera enfrentado a ninguna acción bélica, pero debemos estar preparados» ante lo que decida la Corte, dijo el mandatario.
Recientemente, Araújo intentó calmar los ánimos y aseguró que las relaciones con Nicaragua son «cordiales y fraternales», y confió en que una vez «resuelta la disputa en La Haya (…), sigan construyéndose sobre bases de fraternidad y de amistad».
Pero los 50 mil km2 disputados son una región de enorme interés turístico y un prometedor potencial petrolero. Aunque el pleito fue lanzado por Nicaragua ante la CIJ hace casi siete años, los acontecimientos se precipitaron en los últimos meses, después de que los países lanzasen planes de prospección de crudo en la zona.
El canciller nicaragí¼ense, Samuel Santos, tiene previsto asistir a la sesión de La Haya mañana. Por parte colombiana, estarán presentes entre otros el embajador en Holanda, Julio Londoño Paredes, y el ex embajador Guillermo Fernández de Soto, que participaron como agentes en la defensa de los intereses de su país en las audiencias celebradas ante la CIJ en junio.
Para el embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos José Argí¼ello Gómez, principal agente de Nicaragua, la palabra que mejor define el comportamiento de Colombia en los últimos meses es la «provocación».
El hecho de que el desfile nacional de la Independencia del 20 de julio, se celebrara en San Andrés por primera vez en la historia de Colombia, con la presencia del mandatario Alvaro Uribe, es un ejemplo de esta actitud.
«Elegir el momento en que la CIJ está deliberando para celebrar un desfile militar en San Andrés no me pareció lo más adecuado. ¿Qué mensaje manda Colombia a los nicaragí¼enses y al mundo?», se preguntó.