Un rasgo muy importante –y mucho mayor a procesos eleccionarios anteriores– es la centralidad que tiene el debate sobre el problema de la seguridad ciudadana. Esto no hace sino confirmar cómo el fenómeno se ha deteriorado en los últimos años y cómo, ante el desgobierno del actual régimen, la población ha empezado a voltear su mirada hacia los municipios, como una alternativa de solución. Y estamos viendo, además, cómo los aspirantes a ser candidatos a alcaldes están ofreciendo el oro y el moro en este campo, asegurando que ellos sí­ pueden solucionar este problema.

Hago un paréntesis en el tema. En una encuesta reciente a nivel nacional, el tema de inseguridad es el de mayor preocupación (arriba del 80%) para los sectores económicos A, B y C, mientras que el tema empleo/económico es para los sectores D, E y F el de mayor preocupación (arriba del 70%). Esto nos tiene que indicar que no podemos superponer un tema al otro, ambos tienen que ser atendidos con prioridad y celeridad.

Retomando el tema de inseguridad, hay que ver con cautela este asunto del municipio a cargo de la seguridad ciudadana. Es cierto que no hay experiencia exitosa en América Latina en seguridad ciudadana que no tenga una participación municipal. Pero, a la vez, en el modelo institucional guatemalteco, las atribuciones de los alcaldes en la materia son más bien limitadas y tienen que ver con la coordinación y la colaboración. De hecho en la Constitución y las leyes la responsabilidad central de la seguridad –y por tanto las atribuciones y los recursos– está en manos del Organismo Ejecutivo. El modelo policial vigente en Guatemala es de cuerpo de seguridad único, el cual proviene de los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz, y ahora reforzado con la propuesta de la Comisionada para la Reforma Policial.

En ese sentido, las ofertas de seguridad de los candidatos a alcaldes no se pueden cumplir, así­ de sencillo.

A mi criterio, más que ofrecer que van a solucionar la seguridad ciudadana, los aspirantes a candidatos a alcaldes debieran tener posiciones claras en la discusión sobre el papel de las autoridades municipales y nacionales en seguridad. El vací­o dejado por la falta de liderazgo del gobierno nacional ha generado una explosión de soluciones improvisadas con diferentes modalidades de relación con la Policí­a, incluyendo algunas que rayan en la ilegalidad. Tenemos un hí­brido, con una municipalización inconclusa y sin recursos financieros y materiales suficientes.

¿Hacia dónde ir? ¿Avanzar a una mayor municipalización, ví­a por ejemplo una policí­a municipal de seguridad pública? ¿Exigir más atribuciones para los ciudadanos organizados como el uso de armas y el derecho a detener? O, por el contrario, los municipios pueden convertirse en el motor de la demanda por reforma y depuración de las instituciones policiales, para que cumplan su labor y se pueda así­ ir revirtiendo los fenómenos de la acción propia contra la delincuencia.

Ese es el debate fundamental en seguridad pública y no tanto demandar por que se asuman responsabilidades de facto sin basamento legal y sin sustento financiero y material.  Se quiere la municipalización de la seguridad, pues que así­ sea, pero con control absoluto sobre las fuerzas de seguridad civil y militar, y con los presupuestos asignados.

Los niveles de criminalidad han alcanzado niveles de tal gravedad, que el paí­s y los ciudadanos no se merecen banalizar la discusión sobre la polí­tica de seguridad integral del Estado.
Un Programa de Seguridad Integral tiene que recuperar el territorio nacional, restablecer la seguridad pública  y generar condiciones de paz y tranquilidad en la población, basado en seis principios básicos:
1.    Acatar el Estado de Derecho.
2.    Respetar los Derechos Humanos.
3.    Restituir la autoridad pública en todo el territorio nacional.
4.    Regenerar y fortalecer las instituciones de seguridad e inteligencia,
5.    Regenerar y fortalecer las instituciones de justicia, y
6.    Alinear a los actores e instituciones hacia la garantí­a de la seguridad pública.
Operativamente tiene que concretarse en: Alinear las capacidades del Estado contra la delincuencia; Operación policial; Operación militar; Prevención del delito y participación ciudadana; Desarrollo institucional; Regeneración del sistema penitenciario; Combate a la corrupción; Uso de Tecnologí­a; Indicadores de medición establecidos con la sociedad civil.