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Con limitaciones más expresas, dicho formalismo estuvo vigente desde el ciclo anterior, 1965-1985. Se inició con las elecciones del presidente Méndez Montenegro y, de sus instituciones hicieron uso legí­timo el social-demócrata FUR y la Democracia Cristiana. Ambos buscaban su transformación reformista y gradual.

Las instituciones de ese ciclo polí­tico estaban limitadas por la forma de régimen militar que prevalecí­a. Las fuerzas armadas establecí­an en el Estado y en el sistema polí­tico los lí­mites de dicho formalismo. Se podí­a participar pero no ir más allá de sus fronteras. Colom Argueta fue asesinado el dí­a que su partido, el FUR, fuera reconocido formalmente y social-demócratas y democristianos sufrieron innumerables ejecuciones extrajudiciales a pesar de su legalidad. Sin reformas graduales, el régimen y su democracia formal colapsaron en 1982.

En el ciclo de la transición actual los grupos de poder económico familiar y cupular y los gobiernos pro-empresariales, particularmente el de Berger, han venido organizando un régimen diferente al del perí­odo 1965-1985. Este régimen, aún no consolidado, es el que establece los lí­mites y las posibilidades de la nueva democracia electoral.

Si en la forma de régimen militar los lí­mites del formalismo democrático los establecí­a el Ejército, como la fuerza coercitiva del Estado en uso de instrumentos militares, policiales, judiciales y de restricción de derechos, en un régimen de plutocracia los lí­mites del formalismo democrático los establecen directamente el uso del dinero y sus dueños.

En años recientes el concepto de plutocracia se ha tendido a precisar en los términos que presenta Marty Jezer en el Washington Times. Una plutocracia dice, es un régimen donde «El dinero es el mayor determinante de la influencia y del éxito polí­tico. El dinero determina qué candidatos estarán en condiciones de impulsar campañas efectivas e influencia; qué candidatos ganarán los puestos electivos. El dinero también determina los parámetros del debate público: qué cuestiones se pondrán sobre el tapete, en qué marco aparecerán, y cómo se diseñará la legislación. El dinero permite que ricos y poderosos grupos de interés influencien las elecciones y dominen el proceso legislativo» («Money in Elections», 2005)

Se trata, entonces, de un nuevo tipo de captura del régimen polí­tico, esta vez no sólo del Estado sino directamente de los partidos (y de la institucionalidad electoral). Y este es el acontecimiento novedoso que distingue esta campaña de las anteriores durante el perí­odo de la transición.

Dichos grupos habrí­an renunciado a estimular la organización de un partido único representante de sus intereses como ARENA en El Salvador para cuyo efecto trabajaron en la Gana, pero ante su fracaso, optaron por intermediar sus intereses en los partidos que promovieron como mayoritarios. Los principales medios de comunicación operaron en esa dirección unilateral pero diversificada, el Tribunal Supremo Electoral también.

Tomar distancia de éstos y otros poderes fácticos que utilizan, asimismo, el dinero, es el desafí­o estratégico de la clase polí­tica. ¿Podrán el electo presidente Colom y su vicepresidente Espada tomar distancia de estos poderes fácticos y dificultar la consolidación del régimen que nace? ¿Qué chances tienen de hacerlo? ¿Cuáles podrí­an ser los alcances de sus polí­ticas? Soy de la opinión que, solos, sus posibilidades no son abundantes pero concedo el beneficio de la duda.

¿Podrán, el Presidente electo, Colom y su vicepresidente Espada tomar distancia de estos poderes fácticos y dificultar la consolidación del régimen que nace?

Miguel íngel Reyes Illescas.