En algún momento de su pasado eran parte de las fuerzas de seguridad, pero fueron dados de baja y no tení­an un plan de retiro. Ahora, con el lema “ladrón visto, ladrón muerto” un grupo de hombres armados opera bajo el popular nombre de “Los íngeles Justicieros”, cobrando una mensualidad a las personas que necesiten de sus cuestionables pero efectivos servicios paralelos de “seguridad y resguardo” en el mercado de La Terminal, el lugar que ahora consideran “su territorio”. 

Un hombre corpulento, alto, moreno, que porta un chaleco donde esconde un arma de fuego, permanece atento en la entrada al área de venta de mariscos en el mercado de La Terminal, en la zona 4 capitalina.  

Observa fijamente como si supiera que alguien lo ve más de la cuenta, pero no titubea; lleva su mano al arma, como si tratara de intimidar a una eventual amenaza. Vuelve a ver hacia atrás y no hay nadie. Sigue caminando, en estado de vigilancia permanente.  

Este hombre forma parte del grupo conocido como “Los íngeles Justicieros”, conformado por ex miembros de las fuerzas de seguridad que, según los vendedores del lugar, fueron contratados hace aproximadamente cinco años atrás, debido a la inseguridad que imperaba en La Terminal.

De acuerdo con los comerciantes, la violencia llegó al extremo que se vieron obligados a buscar los mecanismos para erradicar ese problema. Intentaron con métodos de prevención y coordinación con las autoridades, pero los planes no daban resultado.

La situación se poní­a cada vez más tensa; cada vez menos compradores acudí­an al lugar por temor a ser asaltados y los delincuentes empezaban a extorsionar y cometer otros delitos graves que perjudicaban seriamente a todos los vendedores.

“Estábamos cansados de tanta violencia. Recuerdo al ‘Chino’, un hombre malo, que acuchillaba a la gente cuando no le daban el monedero o la billetera, y por eso se lo quebraron”, afirma una vendedora de comida del lugar.

Una comerciante de fruta admite que su herramienta de defensa era un hacha,  pues ya no estaba dispuesta a soportar al “Chino” y a los otros delincuentes, que formaban parte de grupos delincuenciales mejor organizados, por eso esta estrategia también fue utilizada por el resto de vendedores.

En una ocasión, ya cansados de tanta violencia –recuerda la entrevistada– los comerciantes “hicieron justicia con su propia mano” con un delincuente que habí­a cometido varios robos y asesinatos. No obstante, se arrepintieron y creyeron que no tení­an por qué mancharse las manos de sangre, ya que podí­an pagar a alguien más para hacer “el trabajo sucio”.
 
“LOS íNGELES JUSTICIEROS”  
De acuerdo con análisis de inteligencia de la Policí­a Nacional Civil (PNC), confirmados con entrevistas realizadas a comerciantes y vendedores ambulantes, este grupo de personas armadas opera desde hace aproximadamente cinco años.

Cada comerciante (hay más de mil en el lugar) paga Q60 mensuales a este grupo, que según cuentan, les proporciona seguridad a través de la “eliminación” de los delincuentes.

Según estadí­sticas de la institución policial, de 2007 a la fecha se han documentado 15 muertes en el interior del mercado de La Terminal. Aunque regularmente se sospecha que los fallecidos son delincuentes, hay excepciones, como el caso del 2 de febrero de 2010, cuando una niña, hija de una de las vendedoras, murió por una bala perdida.

En esa ocasión, como sucede con el resto de las muertes, el silencio se convirtió en el mejor aliado para “Los íngeles Justicieros”, que prohibieron abordar el tema.

Aunque la institución policial cuenta con esta información, los vendedores admiten que muchos de los casos no se conocen públicamente, porque la PNC y el Ministerio Público (MP) temen trabajar en la escena del crimen, o simplemente prefieren obviar los casos porque se trata de “delincuentes”.

Una de las estrategias que permite que este grupo opere impunemente es la utilización de armas; éstas están registradas de forma legal y sirven exclusivamente para el sicariato en ese perí­metro, afirma una fuente policial.
 
DE GUARDIANES A VICTIMARIOS
El 19 de diciembre de 2008, las autoridades efectuaron dos órdenes de captura, en contra de los supuestos lí­deres del grupo “Los íngeles Justicieros”, pues se cree que se habrí­an convertido en victimarios de los propios vendedores.

í‰dgar Jonathan Garcí­a Garcí­a y Saudí­ Florián Garcí­a, fueron detenidos por la Fiscalí­a de Delitos contra la Vida, sindicados por asociación ilí­cita, extorsión y amenaza.

Según las autoridades, los aprehendidos inicialmente se dedicaban a asesinar ladrones, pero después, mediante amenazas, exigí­an cuotas de pago a los vendedores.  

Los denunciantes se acogieron al Programa de Testigos Protegidos del MP para evitar ser ví­ctima de represalias.
 
RESPETO A LA LEY
Eleonora Muralles, directora de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), ve con preocupación el problema de seguridad que se suscita en La Terminal, donde la desesperación evidente ha hecho que los vendedores paguen a un grupo de sicarios para resguardarlos.

Aunque comprende el difí­cil panorama que deben afrontar los comerciantes con la inseguridad, considera que al aprobar ese tipo de prácticas se convierten en transgresores de la ley, estima que el ciudadano honrado no tiene por qué convertirse en delincuente.

“Creo que hay que hacer un llamado al ciudadano honrado de que él también se está convirtiendo en delincuente, al pagar a alguien para matar. Hay que actuar siempre con respeto a la ley, aun cuando se esté desesperado o haya sufrido situaciones muy dolorosas en su vida, nadie tiene derecho a matar y si los delincuentes lo hacen, tienen que denunciarlo”, dice Muralles.

Según la entrevistada, las autoridades deben trabajar en un plan de concienciación sobre el tema, pero también aplicar la justicia y hacer las investigaciones pertinentes.

“La misma autoridad, en este caso el Viceministerio de Apoyo Comunitario, deberí­a desarrollar un proyecto de sensibilización en las colonias y áreas de Guatemala, porque no es así­ como se resuelven los problemas, y como muestra las autoridades deben cumplir con la ley y hacer las investigaciones respectivas”, afirma la profesional.

Por otro lado, el oficial Néstor Diéguez, de la División de Prevención del Delito de la PNC, dice que existe personal de relaciones comunitarias asignado a cada Comisarí­a y este trabajo busca promover la prevención del delito y la denuncia de la población, a través de acercamientos con la comunidad.

“Se busca que no se tome la justicia con la propia mano, para eso existe una institución encargada, que corresponde a la PNC de acuerdo con la ley, y al MP que también le corresponde los casos en materia de investigación”, dice Diéguez.
El entrevistado considera que uno de los desafí­os más grandes es la concienciación a la gente, que en un momento de desesperación puede actuar al margen de la ley.

“Uno de los desafí­os es la concienciación, porque puede haber equivocación de quien se cree que está delinquiendo; de igual manera, toda persona que actúa al margen de la ley va a tener una sanción, de acuerdo con el hecho criminal que ha cometido”, refiere.

REFORZAR FISCALíA
Muralles y Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), piden al MP reforzar la Fiscalí­a de Delitos Patrimoniales, con el fin de que la gente afectada por un robo pueda confiar en la justicia y dejar las prácticas de violencia.

Muralles considera que aunque existen indicios de voluntad por parte del MP, es importante reforzar esta fiscalí­a, que permitirá ofrecer una respuesta a las ví­ctimas de un robo.

“Hemos visto algunos resultados positivos de parte del MP, en cuanto algunas muertes que no han sido resueltas pero por lo menos investigadas; ya hay algunos sospechosos detenidos. Es una señal muy buena, pero debemos exigir que se siga reforzando todas las fiscalí­as, como la de Delitos Patrimoniales”, opina.

Polanco, por su lado, cree que los guatemaltecos deben contribuir con la denuncia, pero también exigir a las autoridades para que ejerzan su trabajo. 

“Creo que debe haber un proceso de educación para la población. No porque sea una cosa de poco valor la van menospreciar. Que lo denuncien, qué reporten exactamente el lugar donde el objeto les fue robado, y otro factor que el Estado, es decir la Fiscalí­a, responda de forma adecuada, que garantice la investigación y la población ejerza presión”, dice.

Diario La Hora consultó a la Fiscal General del MP, Claudia Paz y Paz, para conocer sobre el trabajo que realiza la Fiscalí­a de Delitos Patrimoniales, así­ como el avance en las investigaciones de las muertes en La Terminal, pero no contestó las llamadas a su teléfono celular.