Contrariamente a lo solicitado por la fiscalía, el juez de la causa decretó la libertad provisional sin fianza para el agresor de la menor ecuatoriana en un tren subterráneo de Barcelona y hoy la fiscalía estudia recurrir el auto, según fuentes judiciales.
Una joven ecuatoriana de 16 años fue agredida el pasado 7 de octubre en un tren subterráneo de Barcelona y las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad, fueron difundidas y el agresor detenido.
El juez «desoye el clamor social y deja libre al racista», tituló hoy El Periódico refiriéndose a las condenas de asociaciones, políticos e instituciones y a la manifestación de unos 400 inmigrantes anoche ante la sede de la Generalitat pidiendo «justicia para todos» y «no al racismo».
Tras recibir declaración ayer de la víctima, del agresor y del único testigo del ataque, el magistrado sancionó contrariamente a la petición de la fiscalía de prisión por un delito de lesiones y otro por un trato degradante.
El juez, que redactó el auto en su casa y volvió luego al juzgado para hacerlo conocer, decretó la libertad sin fianza para el agresor, Sergi Xavier Martín Martínez.
El auto le obliga presentarse dos veces al día a la policía local del pueblo donde reside; tiene la obligación de comparecer ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes y, además, el juez prohibió al acusado acercarse a la víctima a menos de mil metros y cualquier contacto con ella.
Asimismo, le impide acudir a otras localidades que no sean Sant Boi, Santa Coloma de Cervelló o la Colonia Gí¼ell -donde reside- sin petición y autorización judicial.
El agresor no podrá tampoco podrá utilizar el tren subterráneo donde ocurrieron los hechos.
Todas estas medidas estarán en vigor hasta que se celebre el correspondiente juicio y, en caso de incumplimiento, el juez podrá imponerle al acusado otra medida más restrictiva, incluida la prisión provisional.
El magistrado argumentó en el auto que los forenses no han podido acreditar lesiones físicas (el hecho sucedió hace más de 15 días) ni psíquicas en la joven y «por el momento sólo se puede afirmar la concurrencia de un delito de trato degradante», junto con el agravante de xenofobia, lo que situaría la pena de prisión de seis meses a dos años.
Según el juez, la joven ecuatoriana es presa del miedo por la agresión y se encuentra en un estado de «abatimiento» pero no tuvo que variar sus hábitos de vida, y lamentó que no exista ningún informe médico o psicológico que permita determinar las lesiones psíquicas, ya que la chica no denunció el hecho.
En el auto, el juez afirmó que no concurren las dos circunstancias argumentadas por la fiscalía como es el riesgo de fuga y el de reiteración del ataque a la víctima.
En cuanto a la posibilidad que se reitere el ataque a la víctima, el juez recordó que la menor ecuatoriana goza de la condición de testigo protegido, por lo que no se dará a conocer ningún dato sobre ella.
Activistas de derechos humanos protestaron hoy frente al consulado de España en Quito por el ataque «xenófobo y racista» de un ciudadano español contra una ecuatoriana en un tren subterráneo de Barcelona.
Los manifestantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Ecuador se instalaron de manera pacífica frente a la legación española con sus rostros cubiertos por máscaras con la cruz esvástica atravesada por una raya roja.
«No al racismo», gritaban los activistas, quienes dirigieron una carta de protesta al embajador español, Juan María Alzina, por el brutal ataque físico contra la ecuatoriana de 16 años en el metro de la capital catalana, el 7 de octubre.
La APDH expresó su «profunda preocupación y condena al ataque por parte de un agresor xenófobo y racista», anotando que «hechos de tal naturaleza siempre deben ser expuestos públicamente y reprimidos con rigor».
«Llamamos la atención ante la delicada situación de otros colectivos de inmigrantes en España, en particular los de origen africano», agregó Ana Carrera, miembro de ese organismo.
Tras hacerse público el caso, el gobierno ecuatoriano presentó una nota de protesta ante España y mantiene a su canciller, María Fernanda Espinosa, en ese país para impedir que el hecho quede en la impunidad.
La canciller espera que «todo el peso de la ley caiga sobre el agresor de la joven ecuatoriana, Sergi Xavier Martín, de 21 años», según declaraciones emitidas desde España el miércoles.
El Congreso de Ecuador, dominado por la oposición, también condenó el ataque, al que calificó de «criminal», y exhortó a las Naciones Unidas a «desplegar iniciativas concretas para sancionar, detener y combatir el racismo y la xenofobia en el mundo».
Los ecuatorianos son la mayor comunidad inmigrante latinoamericana en España, con más de 421.000 personas, a las que hay que sumar cerca de otro medio millón en situación irregular.