El Parlamento de Venezuela aprobó una reforma constitucional –que ahora será sometida a referendum– para establecer la economía socialista y ampliar los poderes presidenciales, en una sesión extraordinaria que se prolongó hasta la madrugada de este jueves.
La reforma, que debe ser sometida a referéndum el 2 de diciembre, modifica 69 artículos de la Constitución bolivariana de 1999, que cuenta con un total de 350.
El presidente Hugo Chávez propuso la reforma de 33 artículos, entre ellos la ampliación del mandato presidencial de seis a siete años y la reelección ilimitada, y el Parlamento –controlado por el oficialismo– incorporó 36 artículos más, entre ellos el que regula los estados de excepción.
Con la reforma se amplían las facultades presidenciales para decidir ascensos militares, manejar las reservas internacionales y decidir junto al Banco Central la política monetaria.
Además, el presidente podrá nombrar vicepresidentes para gobernar nuevas regiones que podrá crear por decreto. También podrá crear nuevas provincias y darle estatuto federal a ciudades.
La modificación al artículo sobre los estados de excepción, con la que se permitía suprimir los derechos al debido proceso y a la información, fue criticada por el fiscal Isaías Rodríguez y el defensor del pueblo, Germán Mundaraín, así como por varios legisladores y por la oposición.
Finalmente, el Parlamento decidió mantener cuatro atributos del derecho al debido proceso –el derecho a la defensa, a la integridad personal, a ser juzgado por jueces naturales y a no ser condenado a penas de más de 30 años– pero mantuvo la restricción al derecho a la información durante los estados de excepción, que no tendrán límite de tiempo.
Además de un quinto poder del Estado, el poder popular, y de una nueva división política territorial, también se aprobó rebajar la edad mínima para el voto de 18 a 16 años, fijar la jornada laboral para un máximo de 36 horas de trabajo semanales y crear un sistema de seguridad social para los trabajadores informales.
Esta semana miles de estudiantes universitarios marcharon hasta la sede del Parlamento para exigir que el referéndum se postergue al menos hasta febrero, de modo que los cambios sean divulgados y discutidos entre la población.
Pero la petición fue descartada por la Asamblea Nacional. «Llegaron tarde», dijo la primera vicepresidenta del Parlamento, Desirée Santos, que argumentó que los diputdos habían organizado debates en la calle.
Los universitarios realizarán otra manifestación el 1 de noviembre, para pedir la postergación del referéndum ante el Consejo Nacional Electoral.
Grupos políticos de oposición convocaron a una marcha para rechazar la reforma constitucional, el 3 de noviembre, mientras que los oficialistas harán una manifestación a favor al día siguiente.
El partido de izquierda moderada que apoya a Chávez, Podemos, con siete de los 167 diputados, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que determine la legalidad de la incorporción de nuevos artículos después de realizadas las dos primeras discusiones.
En el debate parlamentario seis diputados de Podemos se abstuvieron reiteradamente de votar por considerar que esa incorporación de artículos adicionales violó las normas de la reforma constitucional.
Los otros 161 legisladores votaron afirmativamente todos los artículos.
La Asamblea Nacional de Venezuela, unicameral de 167 diputados, está bajo control del oficialismo, luego de que la oposición boicoteó las elecciones legislativas de 2005.