Una huelga convocada por gremios del transporte y de los comerciantes afectó ayer a República Dominicana, en demanda de aumentos salariales, mejoría de los servicios y reducción de impuestos.
«El paro ha sido total», en provincias como Santiago y La Vega (norte), San Juan (sur), Barahona (suroeste) y San Pedro de Macorís (este), declaró a media mañana Jesús Adón, vocero del Foro Social Alternativo (FSA), entidad que convocó el movimiento.
El FSA, un colectivo de organizaciones comunitarias, sindicales y de izquierda, también asegura que Santo Domingo está paralizado en un 90%.
En la noche del lunes, el presidente Leonel Fernández se reunió con los líderes de tres de las principales asociaciones de transportistas de pasajeros. Los chóferes alegaron que dieron un paso hacia las soluciones y el mandatario declaró fracasado el llamado a la paralización.
«Porque este país no puede darse el lujo de estar paralizado continuamente, sobre todo cuando demanda cada vez mayor dedicación al trabajo para ser más productivos y seguir avanzando por senderos de progreso y de modernidad», dijo Fernández en el Palacio Nacional.
Entre las entidades que rechazaron el llamado a huelga figura la Confederación Nacional de Organización de Transporte (Conatra), contrario a la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), que sí apoya el movimiento de protesta.
Entre las dos controlan el 95% del transporte nacional de pasajeros. La situación provocó que los empleados en Santo Domingo y otras ciudades enfrentaran dificultades para llegar a sus centros de trabajo.
Mientras, el comercio lucía operando a medias en las primeras horas.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacen sentir su presencia en las principales esquinas, puentes y salidas de las principales ciudades.
Es el segundo paro que enfrenta esta gestión de Fernández (1996-2000 y 2004-2008). El primero tuvo lugar el 9 de julio y logró la paralización parcial de las actividades comerciales y de transporte en todo el país, con el saldo de un muerto y varios heridos.
Los huelguistas exigen un aumento salarial de 30% en el sector público y soluciones a las crisis de servicios públicos, como el de la energía eléctrica y el agua potable.
También, la reducción de los impuestos a los combustibles, que constituyen un elemento inflacionario, por los altos precios del petróleo a nivel internacional.