A partir del miércoles 17 de enero de 2007, la palabra BANCO que fue sinónimo de CONFIANZA y SEGURIDAD se convirtió en sinónimo de INCERTIDUMBRE y ENGAí‘O para miles de guatemaltecos que confiaron en el BANCO DE COMERCIO sus ahorros y pensiones de toda una vida de trabajo y sacrificio.
La estafa del BANCO DE COMERCIO realizada con la venia de la Superintendencia de Bancos por más de 10 años y es inaceptable que el Superintendente de Bancos alegue en su defensa desconocimiento o que no fue informado, ya que las funciones de su cargo son la vigilancia e inspección de las operaciones tanto del BANCO DE COMERCIO como del resto de bancos del Sistema Bancario.
El Banco Industrial al cual le fueron entregados todos los activos y la Cartera de Crédito del BANCO DE COMERCIO, por medio de su Gerente General y el viernes 12 de enero de 2007 por medio de la televisión anunciaba que se pagarían todos los ahorros ya fueran de veinte mil o diez millones de quetzales, lo cual creó tranquilidad entre los jubilados ya que muchos de ellos tenían sus ahorros y pensiones por montos de hasta un millón de quetzales amparados por Certificados de Custodia. El miércoles 17 de enero de 2007 se informa que todos los ahorros e inversiones amparados por los Certificados de Custodia eran ilegales y sin valor, extremo que lo ratifica en forma fría y cruel el Superintendente de Bancos en el Congreso de la República y que empuja a uno de los ahorrantes al suicidio por esta desalmada declaración.
La larga lista de fallecidos y los sufrimientos ocasionados a los afectados por la pérdida de sus ahorros y la nula respuesta del insensible Presidente de la República para resolver este grave problema, obliga a solicitar que se replantee en toda su dimensión, tanto dentro del Sistema Bancario, que ha perdido credibilidad, como dentro de nuestro régimen jurídico, ya que la Constitución Política que nos rige es clara en lo que se refiere a la obligación del Estado de proteger a los ahorrantes dentro del Sistema Bancario y el Superintendente de Bancos debe responder por el incumplimiento de sus deberes y negligencia en sus funciones.