La larga batalla judicial en Bélgica en torno a las controvertidas actividades del grupo petrolero francés Total en Birmania se reanudó el martes, en momentos en que la compañía es muy criticada por el apoyo financiero que brinda a la junta militar en el poder, según sus detractores.
Total, asociada con la norteamericana Chevron-Unocal y la compañía petrolera nacional birmana, construyó un gasoducto en el país asiático en los años 90, lo que le valió varias denuncias judiciales de refugiados birmanos que la acusaron de haber utilizado trabajadores forzados ofrecidos por la junta militar.
En Francia, la compañía francesa fue absuelta por un tribunal de Nanterre (afueras de París), pero en Bélgica la denuncia contra la junta por crímenes contra la humanidad con Total acusada de complicidad será instruida nuevamente, confirmó a la AFP el abogados de la parte querellante, Alexis Deswaef.
La denuncia presentada en 2002 por cuatro refugiados birmanos fue aceptada en 2005 por la Corte Constitucional belga. Pero en marzo pasado, el Tribunal Supremo declaró que no la cuestión no podía ser tratada en Bélgica porque los quuerellantes no eran belgas.
Sin embargo, la Corte Constitucional recordó que, según las convenciones internacionales, un refugiado tiene los mismos derechos ante la justicia que un ciudadano belga e indicó que la ley de competencia universal podía aplicarse en este caso.
Esta polémica ley, adoptada en 1993, permite iniciar en Bélgica un juicio por crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en cualquier parte del mundo, sin importar la nacionalidad del acusado.
La legislación le valió a Bélgica una serie de conflictos diplomáticos, por lo que fue revisada y reemplazada por una nueva en 2003 para acotar su alcance, por lo que ahora el proceso debe tener algún vínculo con Bélgica (ya sea porque el delito fue cometido en este país, o el autor o la víctima es belga o está presente en territorio belga).
Sobre la base del pronunciamiento de la Corte Constitucional, el Ministerio belga de Justicia instó el lunes a la Fiscalía Federal a relanzar el procedimiento contra Total.
El expediente será sometido a la Cámara de Apelaciones de Bruselas para resolver, en principio definitivamete, las cuestiones de procedimiento, precisó Deswaef.
Los cuatro birmanos reprochan a Total de haber aportado en los años 90 un apoyo logístico y financiero a la junta birmana responsable, según su opinión, de trabajos forzados, deportaciones, asesinatos, ejecuciones arbitrarias y torturas.
Los querellantes «rechazaron las enormes indemnizaciones que Total estaba dispuesta a pagarles, como ya lo ha hecho en Francia y en Birmania con otras víctimas, a cambio de abandonar el proceso», explicó el abogado.
La denuncia apunta contra Total, su ex presidente Thierry Desmarest, responsable de la exploración y de la producción en la época de los hechos, así como el ex director de grupo petrolero francés en Birmania, Hervé Madeo.
Total está presente en Birmania desde 1992 en el yacimiento gasífero de Yadana (sur), donde produjo en 2006 17,4 millones de metros cúbicos de gas diarios que alimentan centrales eléctricas en Tailandia.
La represión de las manifestaciones de los últimos días en Birmania, que dejó un saldo de 13 muertos según un balance oficial, reabrió la cuestión de las inversiones occidentales en el país asiático.
El 27 de septiembre, el presidente francés Nicolas Sarkozy lanzó un llamamiento para congelar las inversiones de Francia en Birmania, sin llegar a pedir una retirada de total como exigen las organizaciones de defensa de los derechos humanos.