Probablemente repetiré algunos conceptos vertidos en mi artículo publicado el lunes 30 de mayo anterior, respecto a los graves perjuicios que provocaría la instalación de una planta de gas licuado en el área protegida Punta de Manabique, proyecto en el que se ha empecinado la empresa mexicana Tomza, pese a que el Consejo Nacional de íreas Protegidas ya emitió dictamen desfavorable.
Sin embargo, esa compañía ha presentado un nuevo estudio de impacto ambiental a nombre de Terminal Marítima Tropigás, S.A., que, de acuerdo con ambientalistas que tienen conocimiento del caso, es similar al planteado el 19 de febrero de 2010, el cual fue rechazado por el Conap, por lo que se considera que es “cosa juzgadaâ€, según información de Prensa Libre en su edición de ayer.
Preocupa seriamente que el nuevo estudio ambiental o copia del anterior que ha presentado otra vez la empresa mexicana vaya ser analizado por el equipo que encabeza un abogado que hace pocos días fue designado para el cargo de secretario ejecutivo del Consejo y que es muy allegado a la compañía interesada, en vista de que el presidente ílvaro Colom destituyó al ambientalista Jorge Luis Galindo, quien ocupaba ese cargo, cabalmente cuando el ex viceministro Luis Zurita asumió de titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Debo recordar que durante los primeros tres años de su gestión, el Presidente de la República utilizó naves áreas de Tomza para trasladarse a otros países, ante la carencia del Estado de un avión acorde a la investidura del mandatario y para evitar el “bochorno†de viajar en vuelos comerciales. No sería raro, entonces, que el gobernante se proponga pagar los favores de la empresa mexicana, pero a costa de recursos naturales del país. También vale la pena traer a cuenta que esa misma compañía pretendió instalar una planta similar en playas de Honduras, pero el Gobierno de ese país no permitió semejante abuso.
Adicionalmente, Tomza contrató los servicios de la Fundación Mario Dary, coadministradora de Punta de Manabique, para la elaboración del “estudio sobre la flora, vida marítima y las comunidades humanas que habitará el proyectoâ€. El representante de esa fundación, el experto o técnico Alfonso Castillo, no tuvo empacho en afirmar que los efectos de la planta de gas licuado serían “mínimosâ€, opinión sesgada y fácil de colegir en vista de que era o es virtualmente un empleado subsidiario de esa empresa.
El ambientalista Juan Frati rebatió el dictamen de Castillo, al precisar las consecuencias nefastas para el área protegida Punta de Manabique y su entorno, que yo detallé en su momento; pero parece que no le importa ni al presidente Colom ni a su nuevo ministro de Ambiente, aunque Zurita ha asegurado que la postura del Conap es “mantener la misma línea del primer dictamenâ€, es decir, emitir una resolución desfavorable al proyecto
A menos de siete meses que Colom abandone el cargo, con más pena que gloria, debería reflexionar que una decisión que afectará un ecosistema tan importante en el Atlántico guatemalteco la debe adoptar el próximo Gobierno que, se supone, no tendrá vínculos ni compromisos con Tomza.
Afortunadamente, ecologistas del Centro de Acción Legal Ambiental y Social, la Red Manglar y la Escuela Savia están atentos para evitar una decisión contraria a los intereses nacionales.
(Cierto experto que le trabaja a una empresa extranjera le dijo al ambientalista Romualdo Tishudo: –Los honestos son inadaptados sociales).