El asesinato cometido por agentes de la Policí­a Nacional Civil es una muestra irrefutable de la crisis institucional que nos acerca a la condición de un Estado Fallido y, sin embargo, estando a las puertas de la elección de nuevas autoridades para los próximos cuatro años, ninguno de los candidatos aborda el tema con la seriedad que la grave crisis demanda. Hablan de cambios en la estructura de la PNC pero no abordan el tema de la destrucción que se hizo de las instituciones del Estado y de que ninguna de sus propuestas, ni siquiera la cacareada depuración de la Policí­a, funcionará si no empezamos por devolver a las instituciones la capacidad de actuar y rompemos con ese molde de ineficiencia que no es casual sino que es resultado de lo que le conviene al crimen organizado que ejerce el control prácticamente de la vida nacional.

Actualmente los equipos polí­ticos de los dos candidatos y el del Gobierno central están empeñados en realizar un proceso de transición diferente, en el que se compartan informaciones y experiencias para que quienes lleguen a gobernar no lo hagan a ciegas, obligados a aprender a marchas forzadas. Pero al Gobierno no le interesa, por supuesto, reconocer que deja un paí­s en medio de una crisis de gobernabilidad tan grande por ese carácter fallido del Estado y a los polí­ticos el tema no les quita el sueño, lo que hace que sigan pensando en sus planes de gobierno como si dispusieran de las instituciones adecuadas para implementarlo. Todos los planes son puras babosadas si no se acepta la realidad de la crisis institucional y no se principia por resolver ese problema.

Es inaudito que en la PNC esté tan enquistado el crimen organizado como para que se pueda dar una ejecución extrajudicial como la perpetrada contra las cinco personas asesinadas y cuyos cuerpos fueron lanzados a un barranco en la finca El Naranjo. Pero los polí­ticos y los ciudadanos nos engañamos pensando que se trata de un crimen más, de otra manifestación del deterioro y no entendemos que se trata de una muestra del absoluto control que ejerce aún en los aparatos de seguridad, ese crimen organizado que ha tejido sus poderes en todas las instituciones y que se garantiza la impunidad.

Mientras el Estado no recupere el control de la Policí­a, del mismo Ejército, de las Aduanas, del Ministerio Público y los Tribunales, así­ como haga funcionar con aceptable eficiencia cacharpas como los ministerios de Educación y Salud, para citar apenas aquellos cuya inutilidad es más sensible y determinante para sellar el triste futuro de la Patria, todo lo que digan los candidatos es pura paja, palabrerí­a sin sentido para seguir con más de lo mismo, para garantizar que el poder paralelo, cada vez más sucio y malévolo, seguirá actuando mientras en la institucionalidad vivimos la farsa de un sistema que apenas si sirve para que se enriquezcan los que participan con esas reglas de juego.