Los partidos políticos de Bolivia pactaron una salida a la crisis de la Asamblea Constituyente, paralizada desde hace un mes debido a una disputa regional por el traslado de las sedes del Ejecutivo y el Legislativo, y que en un año no ha podido redactar ni un artículo de la nueva Carta Magna.
Un encuentro convocado por el vicepresidente Alvaro García Linera y al cual asistieron líderes de 14 fuerzas políticas con representación en el foro, organizó un comité especial para reencaminar el trabajo de la Asamblea Constituyente.
«Expresamos voluntad política de darle continuidad y viabilidad a la Asamblea Constituyente con el objetivo de cumplir con el mandato de nuestro pueblo de aprobar todos y cada uno de los artículos de la nueva Constitución», señaló el documento.
Según el acuerdo, el comité deberá trabajar desde el lunes «en los temas del nuevo texto constitucional».
Los partidos citaron a una nueva reunión para el 1 de octubre «con la finalidad de conocer el avance del proceso de concertación y coadyuvar en el proceso de construcción de consensos».
Aunque el documento no hace alusión explícita al espinoso tema de la capitalidad que reclama Sucre en perjuicio de La Paz, que es sede del Ejecutivo y Legislativo hace un siglo, éste asunto será considerado oportunamente, según el constituyente Ricardo Pol.
Como parte de los esfuerzos para buscar salidas, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, celebró reuniones por separado el martes con delegados de Sucre y La Paz y se propone volver a reunirlos el lunes en la ciudad de Cochabamba.
El principal partido opositor, Podemos, del ex presidente de derecha Jorge Quiroga, urgió a que se garantice que «todos los temas deben debatirse en la Asamblea Constituyente», según el constituyente Rubén Darío Cuéllar.
Este planteamiento implica que, al contrario de lo que propone el gobierno, la Constituyente debe debatir el pedido de restituir a Sucre la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que perdió a finales del siglo XIX a manos de La Paz.
La Asamblea Constituyente tiene hasta el 14 de diciembre para concluir un proyecto final de Constitución que será sometido a un referendo posterior, pero su trabajo está sensiblemente retrasado y se teme que se encamine a un fracaso.
Desde que se instaló el foro, en agosto de 2006, la Constituyente se enfrascó en discusiones acerca de la modalidad de voto para aprobar la ley fundamental y en el tipo y modelo de país que Bolivia debería comenzar a organizar, tras la llegada de Evo Morales a la presidencia del país.
En los últimos meses afloraron además divergencias partidarias y regionales sobre las autonomías territoriales e indígenas, el modelo económico, la reelección presidencial, la distribución de tierras, un congreso bi o unicameral, la propiedad privada y un cuarto poder con los movimientos sociales.
La profunda crisis regional por autonomías y capitalidad se tradujo en la articulación de dos bloques en la Constituyente: el oficialista MAS, que posee la mayoría, y Podemos que, pese a ser minoría, es imprescindible para reunir los dos tercios de los votos (170 de 255 escaños) necesarios para aprobar la nueva Carta.
Al igual que en el escenario nacional, la Constituyente alberga dos bloques regionales antagónicos: uno encabezado por el poderoso departamento de Santa Cruz, secundado por Tarija, Beni y Pando, además de Cochabamba y Chuquisaca, y el otro formado por las occidentales La Paz, Oruro y Potosí, bastiones electorales del presidente Morales.