Los sindicatos franceses reaccionaron airadamente después del anuncio del presidente Nicolas Sarkozy de su intención de reformar radicalmente la función pública y el sistema de jubilaciones, y medirán sus fuerzas en un primer llamado a una huelga de los transportes.
Seis sindicatos se han manifestado en favor de la huelga de ferrocarriles el 17 de octubre, movimiento que podría ser la primera gran prueba para Sarkozy desde su elección como presidente hace cinco meses.
Los sindicatos del metro parisino prevén también un paro y los trabajadores de la función pública deben decidirlo el próximo viernes.
Frente a la situación de tensión, Sarkozy hablará a los franceses este jueves en la noche durante los programas de información de las dos principales cadenas de televisión.
No obstante, los dirigentes sindicales se muestran prudentes, conscientes de una evolución de la opinión pública desde los grandes movimientos de fines de 1995.
En aquella ocasión, frente a la movilización popular, el gobierno de derecha debió echar pie atrás en la reforma de los regímenes especiales de jubilación, los mismos que están en el tapete actualmente.
Después de anunciar el martes una reforma de esos sistemas, la que contaría con gran apoyo de la opinión pública, según algunos sondeos, Sarkozy propuso una «revolución cultural» a los 5 millones de funcionarios (casi un quinto de la población activa).
El presidente francés confirmó su voluntad de no remplazar uno de cada dos funcionarios que parten a la jubilación, propuso una remuneración «según los méritos», y la posibilidad a los que entran a la función pública de poder elegir «entre ser funcionario o firmar un contrato de derecho privado negociado de común acuerdo».
Frente a los franceses, profundamente apegados a su función pública, Sarkozy se dio la pena de ensalzar profusamente a los funcionarios y prometió un plazo hasta 2012 para efectuar su reforma.
Pero esta actitud aparece en contradicción con su voluntad declarada de hacer avanzar a toda máquina los otros puntos de su programa.
Para el diario Liberation (izquierda), Sarkozy «ataca los fundamentos de la función pública» y su «rechazo de reconocer lo particular del servicio del Estado de parte de quien es su jefe, podría ser el detonador que hará que los funcionarios salgan a las calles».
Los principales sindicatos se declararon «conmocionados», condenando un «ataque» o un «dinamitado» de la función pública.
La CGT, el más importante sindicato francés, estimó que el proyecto de Sarkozy era una «declaración de guerra» y «programaba la muerte del estatuto de funcionario».
Un dirigente del sindicato de ejecutivos CFE-CGC denunció la opción «unilateral» del presidente de instalar un «nuevo contrato social», copiado del sistema «cada cual para sí» de los países anglosajones.
La oposición calificó las proposiciones del jefe del Estado de «desmantelamiento del estatuto de la función pública».