Un controvertido proyecto de ley que hace mas exigentes las condiciones para que los inmigrados en Francia puedan traer a sus familias y una enmienda que permite un examen genético para probar la filiación de éstas, comenzó a ser debatido hoy por los diputados franceses.
Se trata del cuarto texto legislativo para imponer nuevas condiciones para el ingreso de los extranjeros a Francia desde que la derecha volvió al poder en 2002.
El proyecto presentado ante los diputados por Brice Hortefeux, titular de uno de los nuevos ministerios creado por el gobierno de Nicolas Sarkozy, el de la Inmigración, de la Identidad nacional y del Co-desarrollo, tiene por objetivo «encuadrar mejor la reunificación familiar», según la promesa electoral del Presidente.
El proyecto prevé organizar en el país de origen de los emigrantes una «evaluación de conocimiento del idioma y de los valores de la República» que será determinante para otorgar o no la visa de entrada a Francia.
También cuenta exigir al extranjero que pretende traer a su familia a vivir con él un ingreso tope mínimo.
En el aspecto técnico interno, uno de los organismos de gestión de una categoría de los extranjeros, la Oficina francesa para los refugiados y los apátridas, deja del alero del ministerio de Relaciones Exteriores para pasar bajo control del de la Inmigración.
Si bien el anuncio de estas nuevas disposiciones ya había provocado la reacción de la oposición y de organismos de protección y defensa de los inmigrados, la que centró las más severas críticas fue una enmienda que permite que los postulantes a la reunificación familiar sean sometidos a exámenes genéticos (ADN) para probar el vínculo sanguíneo.
La idea del promotor de la enmienda, el diputado Thierry Mariani (UMP- mayoría), el mismo descendiente de inmigrados italianos, es establecer una medida «segura y práctica» que ya utilizan 11 países europeos, para demostrar la filiación de inmigrantes de algunos países, sobre todo africanos, donde el Estado civil no es fiable.
Diversas asociaciones y colectivos llamaron a protestar este martes ante la Asamblea contra la enmienda, calificada de «desvarío» y de «malsana» por la oposición de izquierda.
Amnesty International emitió sus «reservas sobre la utilización de los exámenes». SOS racisme estimó se trata sólo de una «visión asquerosa de resabio colonialista y también (…) la instalación de un punto de vista étnico de la sociedad francesa».
De su lado la Federación internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Liga de los Derechos Humanos, la calificaron de «xenofobia de Estado».
El mundo científico también manifestó su oposición, estimando que la enmienda es contraria a la propia ley francesa de bioética que establece que los test genéticos de filiación sólo deben hacerse excepcionalmente, como en el caso de un proceso judicial.
La enmienda generó malestar incluso en el seno mismo del gobierno y de la mayoría.
Fadela Amará, secretaria de Estado para los Asuntos urbanos, ex dirigenta socialista de la organización femenina «Ni putas ni sumisas», e integrada al gobierno dentro de la «apertura» de Nicolas Sarkozy, se dijo «contrariada» por esos exámenes que «son un oprobio para los extanjeros que quieren venir a Francia».
El ministro de Relaciones Exteriores, Bernard Kouchner, también llegado al gobierno desde las filas socialistas, hizo alusión a la limitación del número de extranjeros en Francia a que apunta la ley y estimó que «las cifras no son todo» y que es necesario «un tratamiento humano».
Dos diputados de la mayoría también se unieron a las críticas de la enmienda, cuestionándose sobre su conformidad con la Constitución y calificándola de «error político».