Una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) concluyó después de 14 meses de investigaciones que la clase política y las instituciones hondureñas no tuvieron capacidad para evitar el golpe de Estado y la expulsión violenta del presidente Manuel Zelaya en junio de 2009.
También estableció que entre el golpe y enero de 2010, las autoridades cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos, entre las que se cuentan que la Policía y el Ejército mataron a 12 personas utilizando «desproporcionadamente» sus armas de fuego y gases tóxicos, y que otras ocho fueron asesinadas «de manera selectiva» por los agentes de la ley.
TEGUCIGALPA —
En el informe titulado «Para que los hechos no se repitan», el grupo investigador dijo que la decisión de Zelaya (2006-2009) de no acatar las acciones de la fiscalía, la Procuraduría General, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema para impedir la convocatoria a una constituyente fue el «elemento definitivo e irreversible de confrontación que tuvo su desenlace en la captura por orden judicial de Zelaya… ejecutándose de esta forma el golpe de Estado».
Pero Zelaya negó en rueda de prensa los señalamientos. «Jamás violé una ley, que me lo demuestren… y quedó totalmente aclarado que lo que ocurrió aquí fue un vergonzoso golpe de Estado, y que el gobierno que me sucedió fue ilegítimo, cuyas acciones deben ser anuladas», dijo.
«No se mencionó una sola palabra de la conspiración nacional y extranjera en mi contra ni de la intención de liquidarme, pero a esa idea se opusieron los jefes militares hondureños de esa época», añadió. No dio más detalles sobre el presunto complot.
La CVR sostuvo que «la forma de procesar la crisis política, haciendo uso de un procedimiento al margen de la ley, empleando la fuerza para expulsar al Presidente de la república fuera del país y utilizando a las fuerzas armadas para resolver un conflicto político institucional, evidencia la poca capacidad que demostró la clase política para llegar a acuerdos y la incapacidad de las instituciones democráticas de resolver la crisis haciendo uso de los mecanismos y disposiciones de las leyes de Honduras».
Agregó que las fuerzas armadas acataron la orden judicial de allanar la vivienda y capturar al Presidente, pero no con «presentar a Zelaya ante autoridad competente»; en su lugar, lo enviaron a San José de Costa Rica.
Tras ese acto, «la Corte Suprema no procedió a pedir explicaciones y a controlar los actos inconstitucionales de las fuerzas armadas, ni los cometidos posteriormente por el Congreso al separar de su cargo a Zelaya y nombrar en su lugar al presidente del Congreso, Roberto Micheletti».
La parte del texto referida a los derechos humanos señaló que «los principales derechos violados fueron los derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad personales, y a la libertad de expresión e información y sus repercusiones sobre el derecho a la justicia», indicó.
De las muertes registradas, la comisión constató que unas siete víctimas no habían participado de las manifestaciones callejeras del Frente de Resistencia zelayista «por lo que no suponían peligro alguno para la vida de sus ejecutores o de la población» y destacaron que «en ningún caso estaba justificada la respuesta con fuerza mortífera que ordenaron, autorizaron y encubrieron los mandos y autoridades superiores de la policía y fuerzas armadas».
La comisión declaró el secreto sobre 10% del informe y lo enviará a una biblioteca de Canadá, donde permanecerá clasificado durante 10 años.
El presidente Porfirio Lobo elogió el trabajo de la comisión y dijo que su resultado «nos ayudará a sanar las heridas y desentrañar las circunstancias de la crisis política». Indicó que «la contribución de la comisión es invaluable para que el pueblo conozca la verdad para que sobre ella edifiquemos la reconciliación nacional».
La embajada estadounidense en Tegucigalpa estimó en un comunicado que el documento goza de un «alto estándar de objetividad e independencia que los comisionados demostraron en el análisis de los eventos» y espera que en el futuro ayude a prevenir «crisis políticas y constitucionales».
La comisión fue creada bajo el auspicio de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general José Miguel Insulza participó en la ceremonia de presentación del informe.
Luego de señalar que los hondureños deben decidir si castigan o no a los golpistas, Insulza dijo a periodistas que «para la OEA este capítulo del golpe en Honduras ya está cerrado y estos hechos no deben repetirse».
La comisión surgió en abril de 2010 a instancias del Acuerdo de Tegucigalpa-San José impulsado por el expresidente de Costa Rica í“scar Arias y estableció que el mandatario hondureño que asumiera en enero de 2010 debía pacificar el país y poner en marcha un gobierno de unidad nacional. Lobo ganó los comicios de noviembre de 2009.
Micheletti firmó el pacto y aunque inicialmente Zelaya lo aceptó, luego lo rechazó alegando que no ofrecía soluciones a la crisis política.
Según la comisión, el detonante del golpe ocurrió el 25 de junio de 2009 cuando Zelaya junto con miles de partidarios irrumpió en la base aérea de Tegucigalpa para sacar por la fuerza 20.000 urnas de cartón con más de un millón de votos para consultar a la población sobre la eventual convocatoria a una Constituyente. Las urnas habían sido decomisadas por la fiscalía y eran custodiadas por militares.
El informe no incluyó el testimonio de Zelaya, que se negó a declarar ante la comisión.
Zelaya retornó en mayo del exilio en República Dominicana y desde entonces lleva una intensa agenda de reuniones con sus seguidores para promover la convocatoria a una constituyente y refundar al país.
La CVR la presidió el ex vicepresidente y canciller guatemalteco Eduardo Stein e integraron la peruana María Zavala, ex ministra de Justicia y ex representante de su país en la OEA; el embajador canadiense Michael Kergin y los hondureños Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma, y Jorge Omar Casco, ex rector de la misma institución.