Quienes propugnan por que el número de diputados sea reducido de 157 a 80 y que se modifique el texto constitucional para permitir la reelección, alternando un período constitucional, tendrán que continuar esperando, porque no obstante, la oferta electoral del partido oficial y otros partidos políticos de articular una legislación en ese sentido, vista con agrado por las cúpulas de poder, mucha agua tendrá que correr bajo el puente para que tales ponencias sean aprobadas.
Modificar el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que regula el número de diputados (uno por cada ochenta mil habitantes en función del censo poblacional vigente) es viable si existiera voluntad política, porque solo bastaría el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad y el voto favorable de 105 diputados para reducir el número de diputados a su mínima expresión, pero en la actual legislatura fue evidente la oposición, cuando se modificó dicha ley en dos eventos distintos.
En cambio, en el tema, relativo a la reelección, la regulación de ésta pasaría por una reforma al artículo 157 constitucional, que posteriormente tendría que ser sometida a una consulta popular y aun cuando la población en un hipotético caso ratifique la modificación, no está exenta de impugnaciones porque hay quienes creen que restringe el derecho de elegir y ser electo que la misma Constitución reconoce como un derecho humano, establecido en su parte dogmática.
Las deliberaciones a favor de ambas normas son parte de la oferta legislativa que promueven los partidos políticos Gana, CASA, PP, EG, ANN, que congruentes con ese supuesto clamor popular tendrían que unificar, porque según ellos son los pasos iniciales que deben darse para rescatar el Congreso de la República de la corrupción, el amiguismo, tráfico de influencias y el clientelismo político, lo cual ha deteriorado su imagen ante la población.
La DCG y FRG por su parte, consideran peligroso modificar la Constitución con un escenario fácilmente manipulable por parte de grupos poderosos, que cuentan con el apoyo de un segmento importante de la prensa, en tanto que los punteros PP y UNE, proponen convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que una vez instalada puede atribuirse poderes plenos para redactar una nueva Ley Fundamental, no obstante, las limitaciones que la misma Constitución Política le impone.