Las autoridades de la empresa portuaria Quetzal, Escuintla, decidieron suspender la licitación para ofertar los trabajos de ampliación de una terminal de contenedores que pretendí­an realizar a un costo de 90 millones de dólares, sustentado en un estudio elaborado por la comisión de la empresa portuaria.

Esto es el resultado de la presión ejercida a través del trabajo de fiscalización ejercida desde el Congreso de la República, pues resulta sospechoso que a pocos meses de entregar sus cargos, las autoridades pretendan realizar la inversión sin contar con el estudio de factibilidad que establece la Ley.

De acuerdo con lo expresado, en su momento, por el contralor general de Cuenta de la Nación, Carlos Mencos, para realizar estos trabajos y tomando en cuenta la cantidad de dinero que se pretendí­a invertir, es necesario hacer el respectivo estudio, pero por medio de una empresa internacional, previo a llevarse a cabo la respectiva convocatoria de licitación a través del sistema Guatecompras.

Por el contrario, las autoridades trataron de efectuar aceleradamente los trabajos e incluso publicaron la respectiva convocatoria tratando de convencer al diputado Crespo y al Contralor que para el efecto era suficiente un estudio que fue realizado por las mismas autoridades portuarias.

De igual manera pretendieron realizar los trabajos a través de un fideicomiso, lo cual les fue desautorizado por el Contralor indicando que de ser así­ no se podrí­an hacer los trabajos de auditorí­a para establecer la exactitud de la inversión.