En Guatemala podemos decir en forma de eufemismo que la sociedad tiene entre sus grupos económicos a los “solventes y los insolventes”, los primeros sin duda alguna, fueron bendecidos por Dios o están en ví­as de serlo gracias a una tarjeta de crédito.

Mientras que los segundos están obligados a pagar por sus “pecados” en el infierno de la no existencia; pues tienen como prioridad sobrevivir y no les interesa participar en los comicios o la vida pública; siendo condenados a sumarse a las movilizaciones polí­ticas a cambio de panes y esperanzas.

    En esta época electoral, NINGUNO de los candidatos ha promovido la idea de restablecer la hegemoní­a institucional del Estado; ¿será porque a sus patrones no les interesa y ellos, los candidatos aunque sean millonarios están al servicio de todo el engranaje productivo de la oligarquí­a?

    La deconstrucción de la institución jurí­dica del ENRIQUECIMIENTO ILíCITO estuvo a cargo de los diputados del PAN durante el gobierno del señor ílvaro Arzú; la vox pópuli indica que fue como el prolegómeno para iniciar las privatizaciones, abanderada por uno de los ahora candidatos a la Alcaldí­a municipal de ciudad Guatemala; Y HASTA LA FECHA DE HOY, las diferentes legislaturas han utilizado la ausencia de tal norma para cobijar los múltiples hueveos al erario nacional.
   
       La palabra INSTITUCIí“N deriva de INSTITUTO que a su vez significa la reunión de varias personas para desarrollar un programa o actividad destinada al beneficio social. Como ejemplo cito al IGSS, al Instituto de la Defensa Pública Penal, a la Corte de Constitucionalidad y al Tribunal Supremo Electoral; instituciones que tienen como fin especí­fico el desarrollo de su trabajo en beneficio social; SIN EMBARGO… todos sabemos que tales instituciones son utilizadas como botí­n polí­tico, como ente defensor de personas sin recursos económicos, aplicación de la ley en el sentido estricto y la salvaguarda de la ley en materia eleccionaria.
   
La deconstrucción de las instituciones del Estado, se gestó históricamente desde el seno de la oligarquí­a nacional, la cual por medio de sus testaferros polí­ticos ha dirigido la economí­a del paí­s; y cuando les conviene suprimen o crean las instituciones estatales para la consecución de sus intereses.    

    Es necesario que los candidatos presidenciales y a las diputaciones, se pronuncien respecto del tema de la revitalización o revalorización de las instituciones administrativas del Estado y algunas de carácter jurí­dico, devolviéndoles su autoridad administrativa, judicial y ejecutiva en el contexto de la actividad estatal, por medio de la designación de personas probas, decentes y técnicas que sepan qué es lo que van ir a hacer a las dependencias a donde sean nombrados y/o contratados por el Gobierno.

    Talvez algún candidato lea estos artí­culos y comente al respecto, porque el pueblo quiere escuchar propuestas y no solo ofrecimientos vanos.