Hoy el Tribunal de Mayor Riesgo B, integrado por las juezas Irma Jeannette Valdés, Sara Yoc Yoc y María Eugenia Castellanos, reanudó el juicio oral y público en contra de 95 supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha

Luego de que las pasadas audiencias fueran interrumpidas por la inasistencia de algunos de los acusados, quienes rehusaban comparecer por videoconferencia, escondiéndose en sus celdas.

A pesar de que la conexión de video y audio con otros centros carcelarios como el de la cárcel de máxima seguridad “El Boquerón” fue débil, la audiencia prosiguió en contra de los acusados por más de 30 asesinatos, extorsiones a comerciantes y transportistas, y amenazas de muerte.

En la misma audiencia, uno de los abogados de la defensa solicitó atención médica para dos reos de la cárcel de Fraijanes, la cual fue concedida por las autoridades competentes.

Mientras tanto, la sala de Mayor Riesgo B albergó a 20 mujeres ligadas al proceso, mientras que el resto de acusados se reparte en las cárceles de Fraijanes, el Preventivo de la Zona 18 y “El Boquerón”.

Aunque al momento se enjuicia a 95 personas, la estructura estaría conformada por 96, pero el acusado restante quedará pendiente de enfrentar a la justicia hasta que su salud se encuentre en mejores condiciones.

ANTECEDENTES

La semana pasada, la audiencia en el Tribunal de Mayor Riesgo fue suspendida en más de dos ocasiones a causa de que algunos de los procesados de la cárcel de máxima seguridad de Fraijanes I, obstaculizaban el progreso del debate.

Dando respuesta a la problemática, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que aumentarían las medidas de seguridad para evitar que el proceso siguiera retrasándose.

Los reos habrían impedido, también, el paso de los técnicos del Organismo Judicial, encargados de realizar las conexiones para realizar la videoconferencia.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía del Ministerio Público (MP), de 2010 a 2012 la pandilla habría sido la protagonista en hechos de terror en diferentes zonas de la Ciudad Capital, pero también en Villa Nueva y Chimaltenango, además de lanzar amenazas de muerte a las juezas encargadas de llevar el caso.

Entre los medios de prueba, el MP contaba con la declaración de cinco personas que habrían integrado la banda y a cambio de “gracia judicial” dieron información sobre el trabajo de la pandilla.

Uno de los colaboradores eficaces, identificado como José Luis Cuéllar Velásquez, fue asesinado el 14 de julio del 2012. Cuéllar habría detallado cómo se ejecutó a cuatro de las cinco personas que por encargo debían de asesinar.