El presidente Evo Morales fue reelegido dirigente del mayor sindicato cocalero de Bolivia y prometió ampliar la actual superficie legal de coca si alcanza nuevamente la presidencia del país en octubre.
La próxima gestión (2015-2020) de gobierno «debe ser para consolidar con una nueva ley el cato (una parcela de mil 624 metros cuadrados) de coca. En este momento y de acuerdo a la ley no debería haber cato de coca», dijo el mandatario ayer en la noche al clausurar un congreso de los cocaleros del Chapare, en el centro del país, su feudo político.
Según las encuestas el mandatario es favorito a ser reelecto a un tercer mandato en las elecciones generales del 12 de octubre, cuya campaña comenzó la semana pasada.
Morales saltó a la política en los noventa como líder de los cocaleros del Chapare resistiendo los planes de Estados Unidos para erradicar la coca en su región. En 2004, un año antes de ganar las elecciones, logró que el gobierno de entonces reconociera una parcela de coca a cada cocalero de su región.
En Bolivia el cultivo de coca es legal hasta 12 mil hectáreas para consumo tradicional pero sólo en el norte de La Paz, donde la planta se siembra desde el tiempo de los incas.
La ley actual que declara ilegal la coca en el Chapare nunca fue modificada. Con la legalización de una pequeña parcela en el Chapare y en otras regiones, la superficie legal se elevará a 20 mil hectáreas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dijo en su informe anual del mes pasado que Bolivia redujo sus cocales a 23 mil hectáreas el año pasado, la superficie más baja en 12 años, pero alertó que un 47% de la producción legal se desvía presumiblemente al narcotráfico.
Morales ha sido cuestionado por opositores y organizaciones como la Iglesia Católica por su política dual contra la coca y por mantener el cargo de presidente de los sindicatos cocaleros del Chapare, aunque el mandatario dijo que es simbólico.
Bolivia es tercer productor de coca y cocaína después de Perú y Colombia.
La coca ha sido declarada patrimonio cultural por la constitución de 2009 y Morales ha emprendido una campaña internacional para sacar a esa hoja de la lista negra de una convención de estupefacientes de Naciones Unidas de 1961.