La falta de leyes que protejan la diversidad sexual en el paí­s ha obligado que el 95 por ciento de los transgéneros se prostituya, por lo que la comunidad LGBTTTI, la PDH y organizaciones internacionales, trabajan en una ley que permita reconocer los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que el Estado ha ratificado, así­ como la inclusión de estos en la agenda pública nacional.

La homosexualidad sigue siendo una causa de discriminación en gran parte del mundo.  Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en más de 70 paí­ses existen leyes que criminalizan la homosexualidad, lo que expone a millones de personas al riesgo de ser arrestadas, torturadas, e incluso ejecutadas por su orientación sexual o identidad de género.

Para la comunidad LGBTTTI, que aglutina gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex, pese a que ya hace más de sesenta años la gran mayorí­a de los paí­ses en el mundo adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el texto “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, en el mundo y en Guatemala hace falta una ley de identidad de género que permita proteger los derechos de estas personas.

La ausencia de esta ley ha obligado a que muchos se dediquen a realizar labores que denigran su identidad fí­sica, y muchos más a ocultarse o esconder sus preferencias sexuales, por la intolerancia que existe en la sociedad hacia quienes presentan una orientación sexual o identidad de género diferente a la heterosexual.

Johanna Ramí­rez, activista en derechos humanos para la comunidad trans, explica que en dicha comunidad existen alrededor de 8,000 integrantes, de los cuales el 95 por ciento se dedica a trabajos de servicio sexual, pues su orientación sexual no les permite ser tomados en cuenta como fuerza laboral para el desarrollo del paí­s.

Aunque ha habido avances, la sociedad, el Estado y sus instituciones aún necesitan reconocer que estas comunidades existen y deben ser valorados e incluidos en la agenda pública, sin que sus orientaciones sexuales e identidades de género sean causa de discriminación, exclusión, violencia e impunidad, declaró Herbert Hernández, director de la Asociación Lambda.

Para discutir esta problemática de la discriminación que sufren estas comunidades, Guatemala acoge el II Foro Nacional por los Derechos Humanos y la Diversidad Sexual, en donde participa el Procurador de los Derechos Humanos, así­ como el Ministerio de Salud, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de agencias de cooperación internacional.