Unos días luego de que se hicieran públicas las intenciones de las autoridades de investigar a los padres de los menores migrantes, Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), dijo que estas acciones más que estar encaminadas a dar solución a la problemática migratoria son utilizadas como una estrategia electoral que justifica la represión del gobierno.

El «populismo penal» consistiría en la aplicación de penas más severas con el objetivo de mostrar a la población los “supuestos” avances en el tema migratorio, pero Asturias opinó que este enfoque siempre ha fracasado, pues no da una solución real a la problemática y en cambio sí da lugar a que se  mantenga la represión.

«Utilizan la represión ligada a temas de fracaso de las políticas sociales, sobre todo de la niñez», dijo. De esta manera, la actual propuesta de ley para castigar a los “Coyotes”, no es la única solución para reducir  la migración, sino que se necesitan respuestas sociales “que no las tiene el gobierno”.

“Hemos visto una visión de cómo enfrentar las diferentes problemáticas que tenemos en el país, y siempre vemos la visión punitiva, represiva, reactiva… la estamos viendo constantemente como la visión de este gobierno”, indicó. La problemática requiere no solo de la reacción sino de la prevención a través de medidas sociales que enfrenten la falta de oportunidades.

Para Asturias, es importante abordar la migración, para no solo verlo desde el grado de responsabilidad de los padres sino entendiendo que el Estado tampoco da oportunidades a las personas, lo que activa la necesidad de migrar.

Por otro lado, mencionó que las investigaciones no tendrían sentido tomando en cuenta que muchos de los padres que arriesgan la vida de sus hijos al enviarlos al extranjero, ya viven en esos países, por lo que no habría autor a quién penalizar.
 
Gary Estrada, del programa de Privación de Libertad y Poder Punitivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), opinó que perseguir y castigar a los padres legalmente no resolvería las causas del conflicto, sino se abordan las estrategias para contrarrestarlas, como la falta de acceso a un sistema de salud, de educación y trabajo de calidad. 

ANTECEDENTES
Recientemente, la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, y la fiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, se habrían reunido para deducir la responsabilidad de los padres guatemaltecos a causa del incremento de migraciones de menores no acompañados, que se ha dado en los últimos meses.

De acuerdo a Aldana, el objetivo del análisis de los  artículos 153 y 154 del Código Penal, que contemplan el abandono de menores, será investigar cada caso a manera de iniciar investigaciones a los padres o encargados de los menores que a la fecha han sido enviados de vuelta a Guatemala. La Fiscal del MP no descartó la imposición de penas de cárcel para los hallados culpables.