La asistencia del Estado a través de los programas sociales es una herramienta política y clientelar, pese a que los gobiernos aseguran que su único objetivo es ayudar a los más necesitados.

Expertos consideran que se debe incentivar la productividad de los beneficiarios para que no dependan de los políticos.

El Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) introdujo los programas sociales hace cuatro años y los focalizó en la población del área rural, la más afectada por la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, la oposición política y entidades fiscalizadoras denunciaron que detrás de la maquinaria montada para entregar la ayuda social había intereses políticos y lo ejemplificaron con las aspiraciones presidenciales de Sandra Torres, entonces Primera Dama.

En medio del debate, el ahora mandatario Otto Pérez Molina, en repetidas ocasiones prometió dar seguimiento a los programas sociales con mejoras basadas en una estrategia de inclusión social y alejada de la política electoral. No obstante, evadió lo fundamental y algo que obvió la UNE para el buen funcionamiento de los mismos: blindar los programas sociales del clientelismo político.

Según expertos en el tema, a la fecha hay datos de las familias que reciben los beneficios sociales, pero no son verificables y no hay claridad de sobre la selección de los beneficiados, lo que genera dudas y convierte los programas en un elemento para capturar el voto popular. 

PROGRAMAS SOCIALES

De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a la fecha existe 966 mil 685 beneficiarios en los cuales se dividen en cinco programas: Mi Bono Seguro, Bolsa Segura, Beca Segura, Jóvenes Protagonistas y Comedor Seguro, los cuales ha “mejorado” el gobierno de turno.

Según el informe del Mides, “Bono Seguro” se reparte Q 720 mil 043 usuarios de 308 municipios de los 22 departamentos, con excepción de Guatemala. Es preciso resaltar que dicho programa cuenta con el apoyo de dos empresas privadas.

Por su parte, el proyecto de “Bolsa Segura” se encuentra en ejecución en 17 municipios del departamento de Guatemala y la reciben las familias que viven en asentamientos, colonias y barrios urbanos precarios con alto riesgo social. Según el reporte ese programa tiene 212 mil 129 usuarios, no obstante a la fecha se han entregado 259 mil 277 bolsas, incluyendo a personas que no son usuarias pero que tienen necesidad de ser atendidas.

El programa de “Beca Segura” tiene 5 mil 500 usuarios que corresponden a estudiantes de educación media, mientras que 560 pertenecen al área de educación superior; además de 580 usuarios con empleo y 2 mil 334 beneficiarios corresponden a familias artesanas.

El programa “Jóvenes Protagonistas” el cual tiene 25 mil 539 usuarios inscritos. No obstante, el Mides a la fecha ha otorgado 75 mil 770 asistencias con el objeto de facilitar oportunidades a la juventud.

Según el informe proporcionado sobre el programa “Comedor Seguro” no existe una base de datos de usuarios, ya que varían a diario. Sin embargo, se reportan 2 millones 018 mil 387 raciones de alimentos servidas en 16 comedores ubicados en ocho departamentos. Los precios de cada tiempo tienen un costo de Q1 y Q3.

Por otro lado, el programa de fertilizantes corre por cuenta del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades), que a la fecha reporta 1 millón 741 mil 100 beneficiarios en 338 municipios del territorio nacional. Es preciso resaltar que los incluidos en este programa deben pagar Q10 para recibir un saco de los agroquímicos.

En este tema se intentó consultar con el Fonades para saber a dónde se van los fondos obtenidos por los beneficiarios y la respuesta fue que “se van al fondo común”; se intentó saber la cantidad acumulada, pero el personal a cargo de los programas sociales nunca atendió al llamado que se realizó en varias oportunidades.

PROGRAMAS SIN BLINDAJE

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), quien fiscalizó los programas sociales desde el gobierno de la UNE, considera que la asistencia no se blindó en los últimos dos gobiernos por falta de voluntad política.

Montenegro recordó que durante la administración del expresidente Álvaro Colom hubo propuestas para ordenar la forma de entrega de ayuda social y evitar el clientelismo. No obstante, el actual gobierno presidido por el Partido Patriota se dio cuenta que los programas redundan en votos, los cuales podrían llevarlo a una reelección tal y como sucedió en Brasil, de dónde provino el modelo.

“El PP encontró un tesoro escondido en donde tienen un voto cautivo y por ello no les conviene regularlo, ya que condicionan la ayuda social a cambio de votos. Siempre se ha dicho que –los beneficiarios– deben de estar en un sistema de contabilidad el cual detalle el listado completo de los mismos con el número de DPI –para evitar duplicidad– y, además, deben tener un carnet el cual permita identidad y ciudadanía con el cual las personas puedan hacer uso de la transferencia condicionada sin intermediación del Gobierno, porque este solo debe trasladar los fondos a donde corresponden”, expuso Montenegro.

En el tema también fue consultada la exdirectora de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Karin Slowing, quien mencionó que la única manera de blindar los programas sociales es haciendo un “recambio” en la clase política ya que el país necesita a funcionarios y autoridades que instrumenten los subsidios con calidad, probidad y ética, lo que conllevará a tener éxito.

A criterio de Slowing, se pueden emitir normativas que prohíban el uso de los programas sociales con fines clientelares, pero sucede que son las mismas autoridades quienes se “ríen” de la Ley, por lo que considera que debería haber otra calidad de personas al frente de los proyectos.

El diputado Hugo Morán, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), recomendó hacer un blindaje a los programas sociales mediante una planificación adecuada, que consiste en identificar a las familias que vivan en pobreza y pobreza extrema para otorgar el subsidio y a la vez, dotarles de capacidades que les permitan depender cada vez menos de la ayuda.

“Los programas deben ir acompañados de capacitaciones técnicas y productivas que brinden herramientas a las personas para que puedan salir adelante por ellos mismos a través de su esfuerzo, en un tiempo determinado. La entrega debe tener periodicidad que tenga sentido, que sea puntual, algo con que las familias puedan contar siempre y no salir con las excusas de que no hay presupuesto o hasta en una fecha especial se dará el beneficio, porque así no tiene sentido”, resaltó.

ASISTENCIA Y DESARROLLO

A criterio de los expertos, los programas de asistencia directa deberían ser sustituidos para convertirse en desarrollo para los beneficiarios.

Sin embargo, en el país esas acciones no se realizan y se encuentran muy lejos de ser implementadas, por ello la diputada Montenegro explicó a detalle por qué los programas no se ejecutan de esa manera:

“No es conveniente que la gente se independice sino que dependa sistemáticamente de los recursos que otorga el Gobierno, ya que si se desvincula a ser un micro empresario con el apoyo inicial del Estado generará una distancia y es algo que no es pertinente para las autoridades de turno que han visto un mercado cautivo de votos”.

Además agregó que: “Los programas sociales en el país únicamente atacan las consecuencias y no las soluciones el cual sirve al Gobierno de turno mantener el agradecimiento de las personas y a su vez la intimidación ya que inconscientemente dan a entender que si no son reelectos como los próximos gobernantes no seguirán los programas”.

En este sentido, el analista político del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), Luis Fernando Chávez, dijo que los programas de asistencia directa tienen la obligación de ir detrás del desarrollo con el objeto de mejorar las capacidades de las personas y añadió que estos “no deben ser permanentes sino que deben estar en un tiempo determinado en el cual los beneficiarios mejoren su calidad de vida e índices de desarrollo para el subsistir propio”.

Slowing coincidió con el experto del Incep y adicionó que los beneficios otorgados a las familias en condiciones precarias deben tener una “estrategia de salida”, es decir que se debe tomar en cuenta la vulnerabilidad en las que se encuentran para que los afectados no abandonen la ayuda en el momento que más lo necesiten o bien se queden a mitad del programa.

“Cada programa debe ser en condiciones muy acotadas, no mes a mes. Cada programa depende para qué se está dando la ayuda y qué vulnerabilidad quiere reducirle a las personas u hogares”, puntualizó.