Algarabía mostraron algunos ante el dictamen de la Corte de Constitucionalidad que dio luz verde a casi todos los puntos contenidos en la mal llamada reforma política que los diputados plasmaron en cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero la lectura de la propuesta permite corroborar que, por su origen, la misma no es sino un conveniente acomodo de los partidos para sacarle aún más provecho y ventaja a la ausencia de mecanismos que aseguren la democracia interna en las organizaciones. Sin resolver el tema de fondo del financiamiento privado, que seguiría siendo fundamental además de lo que se le pueda sangrar al Estado, es obvio que el tema del funcionamiento democrático que deben tener las organizaciones partidarias ni siquiera es objeto de preocupación por nuestros diputados.

En teoría, los diputados debieran ser la expresión viva y directa de los afiliados de los partidos políticos porque, se supone, que son sus legítimos representantes y especialmente los distritales debieran provenir de las bases partidarias que en cada municipio y departamento constituyen las filiales con capacidad de postular a sus candidatos tanto a Alcaldes y miembros de las Corporaciones como a los candidatos a diputado.
 
 Sin embargo, unos y otros logran sus postulaciones mediante lo que es, literalmente, una pública subasta y el requisito para ser candidato es ya no sólo que cada uno se haga cargo de cubrir sus gastos de la respectiva campaña, sino que, además, ponga plata a la dirigencia nacional para financiar la campaña presidencial. En otras palabras, no hay tal representación porque las candidaturas se compran y muchos ni siquiera tienen realmente contacto con los afiliados, si es que éstos realmente llegan a existir y se reúnen en las asambleas locales.
 
 Una de las mañas de la ley, para garantizar que el dueño de cada partido no tenga que sufrir sobresaltos, es que permite una “organización partidaria mínima” de conformidad con la norma que regula el funcionamiento de esas organizaciones. Llenado el requisito, nadie se interesa por organizar el partido en el resto del país porque eso significaría delegar a las bases, en las respectivas Asambleas, la potestad para decidir sobre las candidaturas y, si hubiera organización a nivel nacional, aún las de postulados para Presidente y Vicepresidente dependerían de la voluntad de los afiliados de un partido político. Por supuesto que un partido con tales características no es atractivo para nadie y menos para quienes los organizan como feudos para dar rienda suelta a sus propias y personales ambiciones.
 
 En España, por ejemplo, el pasado fin de semana el PSOE eligió en primaria a nivel nacional, a quien será su líder y todos los afiliados tuvieron el derecho de emitir su sufragio. No fueron los jefes distritales, como algunos querían, quienes tomaron la decisión sino que fue la base partidaria la que abrió espacio para un nuevo rumbo dentro de ese partido tradicional.
 
 En Guatemala el afiliado sólo puede agachar la cabeza o renunciar al partido e irse con su música a otra parte. La disidencia no se tolera ni tiene sentido porque aquí no hay democracia interna en los partidos y sobre eso, por supuesto, los diputados no dicen ni pío porque son los grandes beneficiarios del mamarracho.