Primero fue César Barrientos (q.e.p.d.), expresidente de la Cámara Penal del Organismo Judicial (OJ), quien realizó denuncias de cómo funcionaban muchos vicios dentro del Organismo Judicial y ello le valió una campaña de desprestigio orquestada por sectores muy poderosos que lo terminó llevando a la muerte.

Ahora es su sustituta quien ha realizado tres denuncias puntuales desde que asumiera la magistratura en marzo del presente año. Primero fue contra la hoy Fiscal General, Thelma Aldana, quien a pesar de ser civilista pasó a ser parte de la Cámara Penal en sustitución de Barrientos y Quiñónez, penalista, pasó a ser parte de la Cámara Civil en sustitución de Aldana. En aquel momento la hoy magistrada acusó a la titular del Ministerio Público de haberle quitado personal asignado a su vocalía civil, a pesar de quedarse con todo el personal que era del magistrado Barrientos en la cámara penal.

Luego, la semana pasada, Quiñónez denunció que existe violación al derecho de acceso a la información, filtración de visitas y correspondencia y obstrucción al trabajo de los periodistas en el OJ con el afán de controlar a quien se le dan declaraciones y acusó al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado José Arturo Sierra de ser el responsable.

Ayer la misma Quiñónez vuelve a dar declaraciones argumentando que en el OJ se están manipulando las actas que se transcriben en cada reunión del pleno, adhiriendo o restando información no tratada por los togados. Además, denuncia ser “una molestia” en el seno judicial.

Hasta hoy el Presidente del OJ y los demás magistrados han guardado silencio respecto a las declaraciones de Quiñónez y ello le hace un terrible daño a la institucionalidad, porque no podemos minimizar el hecho que una magistrada en activo esté haciendo denuncias de manipulación de personal, información y actas y que éstas pasen desapercibidas.

Cuando murió César Barrientos llamó poderosamente la atención que ningún miembro de la CSJ haya levantado una voz de alerta sobre el significado de la muerte del magistrado. En Guatemala en general, nunca se generó un debate de lo que significaba el suicidio del exmiembro de la cámara penal y ni siquiera se indagó de cuáles pudieron haber sido los motivos que tuvo el Doctor en Derecho para quitarse la vida.

Bastó decir que la tumba de César la había cavado su hijo al ser capturado por ser cliente de una red de trata, para dar por justificada la muerte. Pues bien, ahora que estamos ante unas nuevas denuncias en contra del sistema, creo que vale la pena que se genere un debate sano que nos permita adentrarnos más en el tema. Digo debate, porque es muy difícil que Aldana, luego de haber sido la primera acusada por la magistrada, investigue.

Quiñónez declara que la han denunciado porque debe ser más “discreta”, es decir, porque según ella los magistrados quieren que la ropa sucia se lave en casa. Cuando son problemas que nos atañen a todos los guatemaltecos, éstos no se pueden ni deben ventilar tras bambalinas.

Para nadie es un secreto el secuestro y manoseo del que ha sido objeto nuestro sistema judicial, en el que cualquiera puede asegurarse impunidad siempre y cuando utilice los caminos adecuados; por tanto, esta puede ser una nueva oportunidad para que abordemos los vicios de nuestro sistema que ya denunció Barrientos, no para generar un chisme de sobremesa, si no para enfrentar las raíces de nuestros históricos problemas de corrupción judicial y tráfico de influencias que son el sustento de la impunidad.

Si no lo hicimos cuando Barrientos nos lo dijo, ojalá ahora que Quiñónez alza la voz, podamos debatir para enderezar el sistema de justicia.