El rey Juan Carlos dejará en pocos días de ser un ciudadano de a pie ante la Justicia de España, después de que el Parlamento del país aprobara hoy definitivamente el privilegio de que solo el Tribunal Supremo pueda juzgarlo en caso de tener que responder ante la Justicia.

El aforamiento se extiende también a su mujer, la reina Sofía; a la reina Letizia, esposa del rey de España, Felipe VI; y a la primogénita de la pareja real, la princesa Leonor, como heredera de la Corona española.

   Juan Carlos, de 76 años, gozó durante sus 39 de reinado de la inmunidad legal que le otorgaba la Constitución española. La perdió el 19 de junio, cuando su hijo se convirtió en rey tras su abdicación, y pasó a ser un ciudadano de a pie ante la Justicia.

   El aforamiento no supone inmunidad, pero le eximirá de responder ante juzgados ordinarios tanto en causas civiles como penales. Solo el máximo tribunal del país podrá juzgarlo llegado el caso.

   El Senado aprobó hoy la medida gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, tal y como ocurrió hace dos semanas en el Congreso de los Diputados.

   El Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición, y los nacionalistas catalanes de CiU se abstuvieron. El resto de los grupos votó en contra. La medida entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días.

   La concesión del privilegio judicial al rey Juan Carlos suscita gran controversia. En el país lo tienen unas 10.000 personas, entre ellas los miembros del gobierno, los parlamentarios y los jueces, todos solo mientras están en sus cargos y solo en lo que afecta a sus acciones públicas. Para Juan Carlos y el resto de los miembros de la familia real aforados regirá también en la esfera privada.

   Otra de las cuestiones más polémicas ha sido la premura con la que el PP de Rajoy ha realizado todo el proceso, hecho por procedimiento de urgencia. La medida se incluyó de hecho en una ley en tramitación parlamentaria que nada tiene que ver con este tema.