Ya la delegación del Fondo Monetario Internacional advirtió sobre los efectos negativos de la propuesta de Ley de Inversión y Empleo que ha sido promovida por el gobierno y que, según denuncia de Plaza Pública publicada ayer, es promovida por dos funcionarios que se verían directamente beneficiados de exoneraciones en sus empresas si la ley es aprobada como fue propuesta. Pero el tema es mucho más de fondo, puesto que hay que ver qué inversión es la que se quiere atraer, ya que la más seria y honesta valora mucho más la transparencia y las reglas de juego claras y precisas que una exoneración pactada a cambio de componendas para fomentar la irresponsabilidad fiscal.

Lo que hemos atraído notablemente en los últimos años son inversionistas piratas, esos que vienen a montar sus negocios a cambio de mordidas para traficar influencias y obtener privilegios violentando el ordenamiento legal. Aquellos que disfrazan una concesión como si fuera un arrendamiento y se pasan las normas constitucionales por toditito el arco del triunfo. Los que obtienen licencias de exploración y explotación pagando jugosas mordidas a los ministros encargados de extenderlas, eterna historia del tristemente célebre Ministerio de Energía y Minas donde se cocinan los negocios más grandes muy calladita la boca.
 
 Y por supuesto que podemos atraer maquilas que generan empleos no necesariamente los mejor pagados ni con el mejor trato al trabajador, a cambio del beneficio fiscal, pero ese tipo de industrias se asienta igualmente cuando encuentra autoridades sobornables que mediante pago se harán babosos de cualquier reclamo de los trabajadores. Vale tanto la exoneración de impuestos como la cobertura para explotar a los trabajadores con autoridades complacientes. Y aquí es tanta la complacencia que Migración, por ejemplo, no sólo expulsa arbitrariamente y al gusto del cliente a los miembros de las Brigadas de Paz, sino también a los chinos que son una piedra en el zapato para una de esas inversiones de las que hemos venido hablando.
 
 Ninguna empresa seria y responsable vendrá a Guatemala mientras aquí todo se tramite a base de mordidas y comisiones porque, aunque usted no lo crea, esas grandes empresas tienen estándares de control y transparencia que no les permiten operar en sistemas tan corruptos como el nuestro. Y son empresas que para trabajar eficientemente y generar empleo no requieren de otra cosa que de condiciones de seguridad elementales, de infraestructura eficiente y con costos razonables y una mano de obra competente. Únicamente podemos ofrecer lo último, porque todo lo demás está carcomido por la corrupción. La seguridad es inexistente porque la impunidad alienta el crimen, la infraestructura es de pacotilla porque se hace a cambio de sobornos, mientras la electricidad y las telecomunicaciones no son baratas por los oligopolios que subsisten.
 
 Un aventurero que quiere obtener el retorno de su capital rápidamente encuentra en Guatemala condiciones para hacerlo, porque mediante mordidas puede estirar sus privilegios más allá del tema fiscal. En cambio, una inversión seria y de largo plazo requiere condiciones de respeto a las reglas de juego inexistentes en medio de tanto trinquete que termina poniendo no sólo el país sino la misma administración de la ley en pública subasta.