Buses en mal estado y mal servicio, el reflejo de favores de campaña y desvío de fondos


Repo_MG_2478

En el 2011, el Transurbano, “el transporte del futuro”, fue presentado como el cambio a los buses rojos que ofrecen un servicio deficiente. Más de tres años después, el reemplazo de las unidades azules por las rojas no ha sido efectuado.

POR PAOLINA ALBANI
palbani@lahora.com.gt

El oscuro manejo de fondos del subsidio al transporte y el lazo entre políticos y transportistas ha impedido la modernización de este sector.

Hace años se dio la promesa de cambio y mejoramiento del transporte a través de la implementación de una flota de 3 mil 150 buses de Transurbano para dejar fuera de circulación a los más de 2 mil 200 buses rojos.

El proceso de renovación tomaría, como máximo, dos años. Sin embargo, más de tres años después dicha renovación no avanzó.

Yojana Cabañas, vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Extraurbano (AUTUE), indica que uno de los motivos por los que aún siguen circulando los buses rojos, es porque no se han adquirido más unidades de Transurbano además de las 445 compradas en 2011.

Aunque en un principio se contemplaba sustituir en un 100 por ciento a los  buses rojos, Cabañas explica que hoy esto ya no es posible, pues el reemplazo afectaría a los usuarios con el incremento de la tarifa en transporte, pues las rutas del Transurbano son más cortas.

La entrevistada estima que el aumento de la tarifa sería de 5 a 15 quetzales diarios, sin que esto garantice mayor seguridad dentro de los buses.

Por otro lado, las sociedades de transporte justificarían una solicitud de incremento al subsidio que el Estado otorga a los empresarios, lo que podría significar un aumento en los impuestos.  “Es un robo para los guatemaltecos”, asegura.

De acuerdo con el Defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra, “poco le duró la alegría al pueblo de Guatemala al ver buses relativamente nuevos”, refiriéndose a la inserción de los buses azules al transporte público, dado que en pocas semanas les surgieron deficiencias, lo que provocó que muchas unidades fueran trasladadas a talleres mecánicos y a predios, sacándolas de circulación.

De esta situación surge la duda de si esos buses eran “reconstruidos” y comprados como nuevos. 

Actualmente, en Guatemala hay un total de 3 mil 221 buses, de los cuales 2 mil 776 son buses rojos. El 14 por ciento de los buses que circulan en Guatemala son de Transurbano, con alrededor de 50 rutas de cobertura. Según el entrevistado la adquisición de estas camionetas no ha significado un verdadero cambio en el servicio.

FAVORES POLÍTICOS

Otro punto en esta situación es la relación que existe entre políticos y transportistas, pues el transporte público –urbano y extraurbano– es un sector “altamente atractivo” que juega un papel importante toda vez que diferentes unidades han movilizado a cientos de personas a las asambleas políticas de diferentes candidatos políticos y en el día de las elecciones.

Tal es el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que para el día de la Madre de este año movilizó a madres de diferentes comunidades –principalmente indígenas– hacia el Porvenir del Pueblo, con ayuda de la ruta Maya.

Ante esta evidente participación del sector de transporte, Luis Gómez, Presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), responde que desconoce los lazos que podrían existir entre estos sectores, pues los transportistas son “apolíticos” y “no apoyamos a nadie”.

Gómez se desliga del asunto al decir que existen más de mil personas dueñas de las unidades de transporte, entre las cuales podrían existir simpatizantes de algún partido o candidato, y además  justifica el uso de los buses como un negocio y no como demostración de su vinculación con algún partido político.

Al contrario,  la vicepresidente de AUTUE dice que la AEAU siempre ha estado vinculada con los partidos a través de los “acarreos políticos”. “Se llegan a negociaciones con las mesas técnicas y los gobiernos municipales para generar mayores votos, y esto les ayuda a ellos –los políticos– a seguir con el engaño y la negociación del pueblo”, explica.

Igualmente, Cabañas señala que esta es una de las principales causas por las que las autoridades no exigen a la AEAU que reparta el dinero del subsidio, “de antemano se sabe que ellos –los transportistas– empiezan a trabajar para lograr la vinculación que no les genere presión con la fiscalización del subsidio”.

Según la entrevistada, en las elecciones pasadas, los buses azules acarreaban publicidad de la candidata a la presidencia, Sandra Torres. Por otro lado, el transporte extraurbano, liderado por Isiel Ordóñez, se niega ante los cambios que supone el sistema prepago, oposición que fue apoyada por el Presidente, Otto Pérez Molina.

“DERECHO A TRABAJAR”

Álvaro Folgar, presidente de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos (Asopagua), explica que lo que hacen los pilotos de la Maya es intentar recuperar su derecho a trabajar, aun cuando son manipulados por la AEAU al pedirles que transporten gente a cambio de recuperar su trabajo como transportistas públicos –pues la ruta Maya fue despojada de sus camionetas y ahora es cubierta por buses de otras rutas pero con menos unidades–.

A decir del presidente de Asopagua, los transportistas que no participan en estos “favores” políticos sufren las consecuencias al no recibir el porcentaje del subsidio que les pertenece, a manera de chantaje.  “Ellos –AEAU– jamás han pretendido modernizar el transporte, lo que ellos han hecho es enriquecerse a costa del subsidio de transporte urbano”, asegura.

“Con el subsidio estatal se han financiado campañas políticas y se siguen financiando… esto está pasando aquí con el transporte –el desvío de fondos– y nadie se atreve a hacer nada”, agrega.

Por aparte, el Defensor de la PDH, dice que existe falta de capacidad de parte de los transportistas para planificar la modernización del transporte colectivo para ofrecer mejoras en el servicio a los guatemaltecos.

Esto se debe a que las decisiones para cambiar el sistema de transporte –desde la estructura, los costos de cobro, y la calidad de la atención– se ha dejado en manos de la clase política. En algunos casos se han dado connatos de mejoría pero han sido parciales, cuenta Guerra.

SIN CREDIBILIDAD

Queda fresco en la memoria los primeros seis meses de los buses azules, en los que se constató un mejor servicio, amabilidad, una estructura limpia y tecnológica, además del orden dentro de las unidades que tenían un límite de pasajeros establecido, el cual fue respetado durante ese período. Pronto, los nuevos buses empezaron a asemejarse a los rojos, en la calidad deficiente del servicio.

“Algunos pilotos han sido reciclados del servicio normal de transporte –de los tomates–… muchos pilotos tratan abusivamente a los usuarios”, refiere Guerra. El no respeto por las paradas establecidas, los cobros excesivos no aprobados, la no estandarización de los horarios en los que deben de prestar los servicios son otros de los elementos que afectan la credibilidad en el transporte.

SIN OTRA OPCIÓN

Los buses rojos fueron insertados en Guatemala durante el gobierno de Óscar Berger, “muchos de ellos están deteriorados, ya no con condiciones aptas para circular y prestar el servicio… sin sillones, con mala estructura”, explica Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad.

Debido a que se han insertado más unidades de Transurbano, “se ha tenido que dar el servicio con este tipo de unidades porque no hay otra opción para poder paliar la escasez del transporte público”, explica.

Como se mencionaba anteriormente, los remanentes de buses rojos han aumentado sus tarifas de cobro, fuera de los límites autorizados y esto es causado por dos motivos: el primero, por las extorsiones, y el segundo, debido a las metas de recaudación que deben de entregar los pilotos a los dueños de los buses día a día.
“Se vuelve un mal necesario”, refiere Sandoval pues “no hay otra opción de transporte”.

A decir de Gómez, el Transurbano tiene grandes pérdidas económicas, las cuales se reflejan en las deudas que se tienen por la compra de unidades de transporte, y que ascienden a Q180 millones. “(…) hoy por hoy el sistema de transporte está funcionando simplemente porque el piloto abusa de la tarifa que existe”, explica.

“La tarifa más baja es la de Guatemala, es una tarifa social… de hambre para los transportistas”, indica. La falta de recursos y las deudas por insumos hará que las camionetas que están en malas condiciones sean sacadas de circulación sin que haya posibilidad de insertar nuevas unidades, por lo que predice que poco a poco el transporte se irá paralizando.

270 MILLONES EXTRAVIADOS

Al iniciarse el sistema de buses de Transurbano se dieron 270 millones de quetzales para la instalación de los aparatos que detectan la tarjeta prepago –validadores–, incluyendo los buses rojos, pero hoy día, nadie puede dar razón del destino de esos fondos que no fueron utilizados y que habrían evitado los aumentos en las tarifas de transporte.

Según Cabañas este dinero fue entregado a la AEAU desde un principio. “Ellos han armado un complot con el subsidio en donde el subsidio llega a manos de ellos y se quedan con ese dinero del pueblo. Se les realiza este préstamo –los Q270 millones– para poder implementar el sistema prepago, pero podemos ver que ahora los buses rojos no cuentan con un sistema prepago. Ese dinero no se sabe dónde está”, enfatiza.

Asimismo, la representante de AUTUE cuenta que se han mandado cartas a la Contralora General de Cuentas, Nora Segura, solicitando una auditoría del subsidio, pero siempre se ha tenido evasión de su parte.

Al preguntar a Gómez sobre el destino de estos fondos, responde que ese dinero se ejecutó, prueba de ello es que lo último que falta implementar del sistema prepago son los mecanismos embarcados, es decir el validador y los molinetes de entrada y salida.

El Presidente de la AEAU no ahonda más en el tema diciendo que le corresponde a la Contraloría dar explicaciones de lo ocurrido con dichos fondos. “Cuando usted pone algo nuevo con algo viejo entonces la situación no funciona”, dice explicando el por qué los mecanismos embarcados no fueron implantados en los “Tomates”.

De aplicarse el sistema prepago en los buses el transporte se vería paralizado en dos días por la poca ganancia, tomando en cuenta que el número de pasajeros es menor a la cantidad que se paga en combustible por día, dice.

Igualmente, Sandoval señala que la instalación de los molinetes y validadores en los buses rojos no es recomendable debido al nivel de inseguridad y por lo fácil que son de burlar los accesos. Aunque reconoce que el dinero electrónico es una herramienta útil para que disminuyan las extorsiones a los pilotos.
 
Por su lado, Folgar contradice las declaraciones de Gómez sobre la paralización del transporte pues según el entrevistado existen varias unidades de las “azules” guardadas y en buen estado en el predio llamado Tecún, ubicado en la Atanasio Tzul.

NUEVAS UNIDADES

A decir del defensor del Usuario de Transporte, los transportistas se han comprometido para traer al menos 100 unidades de Transurbano este año, las cuales aliviarían la demanda y serán destinadas a ampliar la cobertura en la zona 6 y la zona 18, además de extender las rutas que van hacia Mixco.
Pero una vez más, la adquisición de buses quedaría a merced de la situación “preelectoral” del país.

SOCIEDADES QUE MANEJAN EL SUBSIDIO DE TRANSPORTE
Sandoval refiere que existen cuatro empresas a las que se les reparte el subsidio estatal y son: Concesionarios de Transporte S.A., que tiene 20 rutas; Expansión Corporativa Millenium S.A. con 39 rutas; Rutas Metropolitanas de Transporte S.A. con 29 rutas y Tendencias Modernas Latinoamericanas S.A. con 21 rutas.

En total existen 109 rutas, se estima que cada ruta tiene de 15 a 40 buses dependiendo del lugar al que se dirija.

REQUISITOS PARA DIGNIFICAR AL USUARIO
1. Renovación de la flota de autobuses tecnológicos.
2. Respetar la tarifa.
3. Utilizar el sistema prepago.

DENUNCIAS
La Defensoría ha recibido, desde febrero del 2013, 200 denuncias que van desde malos tratos por parte de los transportistas hasta el incumplimiento de horarios para realizar las rutas y la sobrecarga de las unidades.
A partir de marzo y abril las denuncias giraban en torno al incremento en la tarifa, tema que la PDH aún no constata. Las más frecuentes abordan la escasez de puntos de recarga de la tarjeta prepago, Siga, y el costo mínimo por recarga que era de Q5 y ahora es de Q10.

Igualmente, el costo para reponer la tarjeta prepago por extravío o malfuncionamiento es de Q30, costo que subió un tercio pues el precio rondaba los Q20. Lo que según Guerra “golpea la economía de los guatemaltecos”.