En días recientes se han difundido, de manera concreta, dos casos en los que agentes de la Policía Nacional Civil han cometido abusos en contra de particulares, lo que dio lugar a que muchos ciudadanos, temerosos de formular alguna denuncia, utilizaran las redes sociales para comentar casos similares en los que se han visto envueltos. No es fácil que alguien, como hizo el marchista Daniel Quiyux, denuncie a los agentes que abusaron de su poder, puesto que fue debidamente advertido de represalias en su contra y de su familia si abría el pico. El otro caso es el del piloto de la esposa del exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal, a quien le plantaron droga en un registro policial.

Las autoridades policiales tratan de minimizar los hechos diciendo que pueden ser casos aislados y que muchas de las denuncias que se reciben son de personas que tratan de librarse de sus responsabilidades penales. Pero lo cierto es que para los ciudadanos las fuerzas de seguridad son sinónimo de inseguridad y miedo, puesto que contra lo que dicen los jefes, no son tan aislados los casos en los que se abusa de los particulares, se les intimida y extorsiona mediante el abuso del poder de que están investidos quienes debieran ser los garantes de la legalidad y del respeto a los derechos humanos.
 
 Por supuesto que el problema es muy complejo, puesto que históricamente se sabe que el agente mordelón siempre ha salpicado para arriba y las cosas se complican más cuando autoridades, como puede ser el caso de un alto funcionario, protegido del mismo Presidente de la República, puede contactar a unos agentes para que monten un operativo para plantarle droga a alguien contra el que la tiene ese funcionario. Si no se produce ningún castigo y simplemente se le deja que renuncie “por razones personales”, obviamente se envía un mensaje funesto no sólo para que los agentes hagan lo que se les da la gana en contra de los particulares, sino también para la ciudadanía que tiene que estar muy temerosa, con fundada razón, ante la posibilidad de que por cualquier cosa pueda ser no sólo conducido a prisión mediante la implantación de pruebas falsas, sino a lo mejor, hasta que lo manden a uno al otro potrero.
 
 Todos aquellos que consideran héroes a los policías que se dedican a matar a reales o supuestos delincuentes no se dan cuenta del daño que se le hace a la seguridad ciudadana porque esos “héroes” son en realidad asesinos que lo mismo pueden matar a alguien sindicado de extorsión que a una persona honrada porque alguien le da el encargo.
 
 No hace falta ser suizo para darse cuenta del enorme daño que le hace a la sociedad un agente del orden público, un responsable de la seguridad ciudadana, que se dedica a andar matando gente. No pueden alegarse, en ningún caso, buenos propósitos porque se abre una caja de Pandora y se le ofrece a cualquiera la oportunidad de abusar de su poder para beneficio personal. Quien mata a un marero tendrá las entrañas para doblarse a cualquiera porque al fin de cuentas el requisito siempre será la sangre fría.
 
 La PNC, si quiere evitar que la ciudadanía tema a sus agentes, debe ser implacable con los casos de abuso y no justificar en la juventud de los nuevos agentes esos hechos deleznables.