La titular de la Contraloría General de Cuentas, Nora Segura, contará con seguridad provista por el Estado desde este año, e incluso cuatro años después de haber entregado el cargo, lo que suma cuatro años y medio de protección.

Esto por la  publicación del Acuerdo Gubernativo 192-2014 del Ministerio de Gobernación bajo el nombre de “Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas”.

El artículo 28 de la referida normativa, publicada el 16 de junio, ordena dar seguridad al funcionario que ocupe el cargo por ocho años, los cuatro años de su gestión más cuatro años a partir de la entrega del cargo.

En este caso, la actual Contralora contará con cuatro años y medio de seguridad, tomando en cuenta que este es el último año de su gestión. Por otro lado,  el acuerdo extiende sus beneficios para dar protección y seguridad física a su familia.

Asimismo, se designó a la Unidad de Seguridad como el encargado de brindar la protección a la funcionaria y a futuros contralores.  El artículo continúa explicando que la “autoridad superior”, en este caso Segura asignará las funciones de este equipo de seguridad.

“Las disposiciones  del presente artículo son aplicables al Contralor saliente que haya cumplido con el ejercicio del período constitucional para el que fue electo por el Congreso de la República, hasta por un plazo de cuatro años a la entrega del cargo con las formalidades de la ley, quien tendrá derecho a elegir dentro del personal de esta Unidad a quienes le darán seguridad a su persona”, refiere el documento público.

Por aparte, la Dirección Administrativa será la responsable de la gestión y dotación de vehículos, del personal y los recursos materiales y económicos necesarios

REACCIÓN
Renzo Rosal, analista político, opinó al respecto diciendo que es una medida “errada y fuera de lugar”. El entrevistado expresó su desacuerdo al decir que  la función pública brinde protección sin ninguna razón, “menos aún cuando las gestiones han sido malogradas, en donde evidentemente, no solo no han cumplido con los mandatos que les toca sino que no han estado en riesgo porque no han tocado esferas de poder, no han tocado, temas de intereses que en el caso de un Contralor o Contralora de Cuentas debería de hacerlo si es que quisiera cumplir con un mínimo su trabajo”.

Por otro lado, aseguró que este tipo de medidas generan desconcierto, pues lo que busca el guatemalteco es que los agentes de seguridad cuiden de la población y no a los “funcionarios que no han hecho nada”.
 
Igualmente, dicha determinación de la ley contradice el discurso del gobierno, ya que en un pasado se habló de retirar este tipo de apoyo a funcionarios como parte de la imagen que buscaban proyectar como un gobierno “austero”.

Al respecto se intentó contactar a la Contralora pero luego de insistentes llamadas no fue posible para conocer su opinión al respecto.