Luego de bloquear por casi 30 minutos el Anillo Periférico a la altura de la Colonia 4 de Febrero y Bethania en la zona 7 capitalina, familias del asentamiento Linda Vista caminaron hacia el Centro Histórico para manifestar su rechazo al desalojo que se deberá efectuar el próximo lunes, según lo resuelto por el Juzgado Décimo Penal hace 15 días.

Los inconformes también cerraron parcialmente el paso frente al Congreso de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) para exigir vivienda digna.

Al mismo tiempo aseguraron que interpondrán un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el juez Décimo Penal, Julio Patán, quien otorgó la semana pasada un plazo de 15 días para que 150 familias del asentamiento Linda Vista, en la zona 7, desalojen el área ocupada.

Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, manifestó que la institución mediará en el conflicto de vivienda de personas del asentamiento Linda Vista zona 7, para evitar un estallido social y que estas familias sean desalojadas.

Sin embargo, el Magistrado de Conciencia, instó tanto a los afectados como a las autoridades policiales, deponer un nuevo intento de ejecutar algún acto de violencia, para el respeto del Estado de Derecho y la no vulneración de otros derechos humanos ante un eventual incidente.

“Como explicamos a los pobladores, no se puede resistir a una orden legal utilizando palos y piedras. Eso no fortalece el Estado de Derecho y si bien yo como Procurador debo velar por los derechos de las personas, esos derechos tienen una responsabilidad y una obligación. El llamado es al diálogo y no a la violencia porque no podemos exigir el cumplimiento de un derecho, violentando los derechos de los demás”.

Finalmente, el Ombudsman subrayó que “la solución del problema no corresponde al Procurador sino al Organismo Ejecutivo, que por mandato legal debe dar solución a este problema”.