El auto del expresidente francés Nicolas Sarkozy salió hoy en plena noche del estacionamiento del tribunal donde respondió a denuncias de corrupción, en un recuerdo televisado de cuántos miembros de la elite política francesa deben responder por sus fechorías cuando estaban en funciones.
El dirigente de derechas, que intentaba regresar a los primeros planos políticos al frente de su partido UMP, había pasado horas en un interrogatorio judicial. Su abogado, Thierry Herzog, y el magistrado Gilbert Azibert también fueron interrogados.
Sarkozy está acusado de acudir a sus aliados políticos para obtener información acerca de una serie de investigaciones vinculadas con finanzas de campaña. Ha rechazado enérgicamente las acusaciones y preveía hablar por televisión en las próximas horas.
«La situación es grave. Los hechos son graves», dijo el primer ministro francés Manuel Valls a la televisora BFM. «Pero como jefe del gobierno, pido que recordemos la independencia del sistema judicial, que debe realizar su tarea serenamente. Que nadie está por encima de la ley es el segundo principio. Y tercero, es importante recordar la presunción de inocencia».
El centro de las investigaciones es la denuncia de que Sarkozy aceptó 50 millones de euros (67 millones de dólares) en fondos de campaña ilegales del entonces dictador libio Moamar Gadafi. No se lo ha condenado por ello.
Valls afirmó que la investigación era realizada por una nueva fuerza a cargo de delitos financieros independientemente del gobierno socialista, que derrotó a Sarkozy en las elecciones de 2012.
«Es un hecho más que erosiona la imagen de la clase política porque da la imagen de un grupo todopoderoso que cree estar por encima de la ley», agregó Jean Garrigues, especialista en historia política en la Sorbona.
Los abogados de Herzog y Azibert dijeron que les formularon cargos preliminares de tráfico de influencias.
Tras una mayor investigación, los jueces determinarán si existen méritos para realizar un juicio.