La cámara baja del Parlamento español aprobó hoy el aforamiento del rey Juan Carlos, un privilegio judicial que ha desatado polémica en España y que aún debe ser ratificado por el Senado.
La aprobación de la reforma por la que Juan Carlos solo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo si tiene que responder ante la Justicia salió adelante en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, junto al que votaron dos pequeñas formaciones con solo un diputado cada una.
El resto de los partidos se abstuvo, entre ellos el Partido Socialista, el principal de la oposición, o votó en contra. El Senado dará su visto bueno en la segunda semana de julio y la entrada en vigor será inmediata en los días siguientes.
Perdida la inmunidad que la Constitución le otorgaba como rey tras pasar la Corona a su hijo Felipe, Juan Carlos, de 76 años, es ahora mismo tras 39 años de reinado un ciudadano de pie ante la Justicia.
El aforamiento le permitirá no tener que responder ante juzgados ordinarios, tanto en causas civiles como penales.
En España tienen ese privilegio los altos cargos institucionales, entre ellos los miembros del gobierno y los parlamentarios, así como jueces y fiscales, entre otros. En total son 10.000 personas, pero hasta ahora ningún miembro de la familia real lo tenía.
El aforamiento regirá también para las reina Letizia, la mujer de Felipe VI; para la reina Sofía, esposa de Juan Carlos, y para la princesa Leonor, la primogénita de los nuevos reyes y heredera de la Corona.
El PP de Rajoy impuso con su mayoría absoluta en el Parlamento la tramitación del aforamiento por procedimiento urgente, pese a las críticas de la oposición. El partido del gobierno introdujo para ello dos enmiendas a una ley que nada tiene que ver con el tema.